Concesiones que se pagan caro
Han destituido al presidente Fernando Lugo, los diputados paraguayos lo hicieron. Como parte de un Congreso corrupto y manipulable, sin que tal afirmación signifique que le negamos vida propia (entiéndase en el sentido de “intereses propios”), los “representantes del pueblo” (!) cumplieron con el libreto de las oligarquías lacayas, las empresas de medios de comunicación, las multinacionales y el Departamento de Estado. En El Salvador acuñamos una palabra para congresistas como estos: diputíteres.
Esta es The Democracy Inc.
No tiene problemas con asuntos electorales o legales, ya que su
fundamento filosófico lo dicta el dogma del Mercado Total, verdadero
criterio de su legalidad: democrático es todo lo que respeta la “ley del
valor” del mercado capitalista; aquello que no lo haga es siempre antidemocrático (si fue elegido por una mayoría de votantes o si benefició a las mayorías empobrecidas del país, no viene al caso).
En La Democracia S.A. de C.V. todo es legal: la libertad de expresión está bien garantizada, protegida bajo la libertad de prensa. Tanto quiere aquella a su protectora que ya ni siquiera se diferencia de esta: son una sola. Y esta “prensa libre” es también la que se encarga de decidir qué es moralmente legítimo, qué es legal (aunque no tenga nada que ver con una auténtica libertad de prensa ni con la libre expresión de los ciudadanos).
El proceso contra Lugo no se presentó como legítimo porque se tuviesen pruebas: estas no hacían falta. Pero eso no significa que, según estos congresistas, no fuese “legal”: de su legalización se ocuparon las oligarquías y su maquinaria mediática, enarbolando algunos de los mil nombres de La Ley del Mercado (“propiedad”, “seguridad”, “soberanía”) y llamando a los señores del “palito de abollar ideologías” por si también hacía falta algo de fuerza para imponer su ley y su orden.
Precisamente de ideologías se trata la cosa, pero vertidas en proyectos concretos de emancipación… o en libelos fachas. A Fernando Lugo lo destituyeron usando un documento que dice (en serio): “ Todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente” [http://www.aporrea.org/
Pensando en eso de “la notoriedad”, alguno dirá que era obvio esperar estas consecuencias si se lanza a los cuatro vientos expresiones como “mi gobierno será socialista y derrotará a la pobreza en todas las casas”. Tambores de guerra, claro que sí. No necesariamente por lo primero (vaya usted a saber qué significado le da la gente a la palabra “socialismo”), sino por lo segundo. La pobreza no se derrota si no se derrota primero a quienes son ricos gracias a que hay pobres. Así es. ¡Y vaya si esos ricos lo entendieron!
Pero la cuestión era, más bien, si lo había entendido bien el presidente Lugo, quien no parece haberse esforzado mucho en pasar de las palabras a los hechos. Tímidos movimientos tal vez, pero no más que eso. Como ha señalado el periodista Idilio Méndez, las concesiones de Lugo a los poderes oligárquicos y transnacionales (“Monsanto golpea en Paraguay”), así como a las iniciativas de dominación estadounidense disfrazadas de lucha antiterrorista (algo de eso sabemos en El Salvador), no lo volvieron más fuerte. Y la tesis de que era un izquierdista radical más allá del verbo se derrumba bajo el peso de los hechos.
Ahora bien, contra los defensores de los “proyectos de nación”, alianzas con la gran empresa o las terceras vías, las palabras de Atilio Borón sobre los sucesos paraguayos deberían preocuparnos acá arriba, en la cintura del Continente: “Gestos concesivos hacia la derecha lo único que hacen es envalentonarla, no apaciguarla. Pese a estas concesiones, Lugo siempre fue considerado como un intruso molesto, por más que promulgara en vez de vetarlas las leyes antiterroristas que, a pedido de “la Embajada”, aprobaba el Congreso, el más corrupto de las Américas. Una derecha que, por supuesto, siempre actuó hermanada con Washington para impedir, entre otras cosas, el ingreso de Venezuela al MERCOSUR”.
Si alguno no captó a cuál “Embajada” se refiere Borón, no tiene más que pensar en el monstruoso búnker-mausoleo de la colonia Santa Elena, en San Salvador. Y esto nos exige reparar en la última alusión al MERCOSUR. Aún no se ha dicho todo sobre lo que sucede en el Paraguay, no señor. Ningún análisis de este Golpe de Estado será (medianamente) completo si no insistimos en que también es un fuerte Golpe al MERCOSUR y a la UNASUR.
El 20 de diciembre de 2011, fue proclamado el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR, también conocido como Ushuaia II, un instrumento concreto y efectivo para garantizar la democracia en los países que son Estados Partes (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) o Estados Asociados del MERCOSUR (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Los congresistas que destituyeron a Fernando Lugo dedicaron unas 205 palabras del ya mencionado libelo acusatorio para referirse a Ushuaia II como “UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay”. Y estoy seguro de que son sinceros al escribir eso (en esta ocasión, las mayúsculas sí son de ellos). Según estos diputados, la Embajada, Monsanto, la oligarquía y quizás ellos mismos son los auténticos soberanos del Paraguay, y no iban a tolerar ningún mecanismo que protegiera de un Golpe de Estado a un presidente electo democráticamente. ¡Qué pueblo más atrevido que piensa que es soberano!
No nos engañemos. La matanza en Curuguaty, la “creciente inseguridad” y el resto de “razones” para la destitución del Presidente Lugo fueron parte de un plan perfectamente orquestado por la Santa Alianza convocada por The Democracy Inc. (alianza a la que no le faltan mitras y báculos, por cierto).
¡Pero cuidado! La cuestión esencial no son los errores de Fernando Lugo (incluida su apresurada aceptación de los actos del Congreso), sino la restitución de la Democracia Real que el presidente representa todavía, algo que no se conseguirá recurriendo a viejas farsas diplomáticas. Ya se han proferido algunas insulsas palabras sobre “ que la OEA renueva su disposición para colaborar si ello fuera requerido” . Basta echar un vistazo a Honduras, con su Lobo y sus Gorilettis, para saber lo que eso significa en realidad.
Los salvadoreños deberíamos reflexionar acerca del costo de las concesiones a la derecha, deporte popular entre el Presidente Funes, su gabinete y no pocos diputados del FMLN. Lo que vive ahora el Paraguay debería dejarnos claro que un gobierno de izquierda sólo podrá prevalecer con una fuerte organización social y con justicia para los sectores populares.
Carlos Molina Velásquez es Académico, columnista del periódico digital ContraPunto y colaborador de Rebelión.
En La Democracia S.A. de C.V. todo es legal: la libertad de expresión está bien garantizada, protegida bajo la libertad de prensa. Tanto quiere aquella a su protectora que ya ni siquiera se diferencia de esta: son una sola. Y esta “prensa libre” es también la que se encarga de decidir qué es moralmente legítimo, qué es legal (aunque no tenga nada que ver con una auténtica libertad de prensa ni con la libre expresión de los ciudadanos).
El proceso contra Lugo no se presentó como legítimo porque se tuviesen pruebas: estas no hacían falta. Pero eso no significa que, según estos congresistas, no fuese “legal”: de su legalización se ocuparon las oligarquías y su maquinaria mediática, enarbolando algunos de los mil nombres de La Ley del Mercado (“propiedad”, “seguridad”, “soberanía”) y llamando a los señores del “palito de abollar ideologías” por si también hacía falta algo de fuerza para imponer su ley y su orden.
Precisamente de ideologías se trata la cosa, pero vertidas en proyectos concretos de emancipación… o en libelos fachas. A Fernando Lugo lo destituyeron usando un documento que dice (en serio): “ Todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente” [http://www.aporrea.org/
Pensando en eso de “la notoriedad”, alguno dirá que era obvio esperar estas consecuencias si se lanza a los cuatro vientos expresiones como “mi gobierno será socialista y derrotará a la pobreza en todas las casas”. Tambores de guerra, claro que sí. No necesariamente por lo primero (vaya usted a saber qué significado le da la gente a la palabra “socialismo”), sino por lo segundo. La pobreza no se derrota si no se derrota primero a quienes son ricos gracias a que hay pobres. Así es. ¡Y vaya si esos ricos lo entendieron!
Pero la cuestión era, más bien, si lo había entendido bien el presidente Lugo, quien no parece haberse esforzado mucho en pasar de las palabras a los hechos. Tímidos movimientos tal vez, pero no más que eso. Como ha señalado el periodista Idilio Méndez, las concesiones de Lugo a los poderes oligárquicos y transnacionales (“Monsanto golpea en Paraguay”), así como a las iniciativas de dominación estadounidense disfrazadas de lucha antiterrorista (algo de eso sabemos en El Salvador), no lo volvieron más fuerte. Y la tesis de que era un izquierdista radical más allá del verbo se derrumba bajo el peso de los hechos.
Ahora bien, contra los defensores de los “proyectos de nación”, alianzas con la gran empresa o las terceras vías, las palabras de Atilio Borón sobre los sucesos paraguayos deberían preocuparnos acá arriba, en la cintura del Continente: “Gestos concesivos hacia la derecha lo único que hacen es envalentonarla, no apaciguarla. Pese a estas concesiones, Lugo siempre fue considerado como un intruso molesto, por más que promulgara en vez de vetarlas las leyes antiterroristas que, a pedido de “la Embajada”, aprobaba el Congreso, el más corrupto de las Américas. Una derecha que, por supuesto, siempre actuó hermanada con Washington para impedir, entre otras cosas, el ingreso de Venezuela al MERCOSUR”.
Si alguno no captó a cuál “Embajada” se refiere Borón, no tiene más que pensar en el monstruoso búnker-mausoleo de la colonia Santa Elena, en San Salvador. Y esto nos exige reparar en la última alusión al MERCOSUR. Aún no se ha dicho todo sobre lo que sucede en el Paraguay, no señor. Ningún análisis de este Golpe de Estado será (medianamente) completo si no insistimos en que también es un fuerte Golpe al MERCOSUR y a la UNASUR.
El 20 de diciembre de 2011, fue proclamado el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR, también conocido como Ushuaia II, un instrumento concreto y efectivo para garantizar la democracia en los países que son Estados Partes (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) o Estados Asociados del MERCOSUR (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Los congresistas que destituyeron a Fernando Lugo dedicaron unas 205 palabras del ya mencionado libelo acusatorio para referirse a Ushuaia II como “UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay”. Y estoy seguro de que son sinceros al escribir eso (en esta ocasión, las mayúsculas sí son de ellos). Según estos diputados, la Embajada, Monsanto, la oligarquía y quizás ellos mismos son los auténticos soberanos del Paraguay, y no iban a tolerar ningún mecanismo que protegiera de un Golpe de Estado a un presidente electo democráticamente. ¡Qué pueblo más atrevido que piensa que es soberano!
No nos engañemos. La matanza en Curuguaty, la “creciente inseguridad” y el resto de “razones” para la destitución del Presidente Lugo fueron parte de un plan perfectamente orquestado por la Santa Alianza convocada por The Democracy Inc. (alianza a la que no le faltan mitras y báculos, por cierto).
¡Pero cuidado! La cuestión esencial no son los errores de Fernando Lugo (incluida su apresurada aceptación de los actos del Congreso), sino la restitución de la Democracia Real que el presidente representa todavía, algo que no se conseguirá recurriendo a viejas farsas diplomáticas. Ya se han proferido algunas insulsas palabras sobre “ que la OEA renueva su disposición para colaborar si ello fuera requerido” . Basta echar un vistazo a Honduras, con su Lobo y sus Gorilettis, para saber lo que eso significa en realidad.
Los salvadoreños deberíamos reflexionar acerca del costo de las concesiones a la derecha, deporte popular entre el Presidente Funes, su gabinete y no pocos diputados del FMLN. Lo que vive ahora el Paraguay debería dejarnos claro que un gobierno de izquierda sólo podrá prevalecer con una fuerte organización social y con justicia para los sectores populares.
Carlos Molina Velásquez es Académico, columnista del periódico digital ContraPunto y colaborador de Rebelión.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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