jueves, 19 de julio de 2012

El neogolpismo como estrategia transnacional-"poligárquica" contra la democracia paraguaya

El neogolpismo como estrategia transnacional-"poligárquica" contra la democracia paraguaya

“...el 'nuevo golpismo' está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso” (Tokatlian, Juan Gabriel, 2009, “Neogolpismo”, en el diario Página 12 del 13 de julio de 2009, Buenos Aires).
En Paraguay, la débil pseudodemocracia ha sido nuevamente herida de gravedad, en la que constituye la más escandalosa crisis política desde el fin de la tiranía militar de Alfredo Stroessner hace 23 años (1954-1989).
Los sucesos de junio, que tuvieron su punto más álgido en la destitución de Fernando Lugo como Presidente de la República, constituyen la constatación más directa de que las clases oligárquicas se unen a pesar de las diferencias cuando sus intereses particulares, sus explotaciones, sus negocios o sus prácticas de corrupción pueden verse afectados por lo menos mínimamente. Como sentenciara el sociólogo alemán radicado en México Heinz Dieterich: “Si en determinadas circunstancias las mayorías logran elegir un gobierno verdaderamente popular y democrático, las clases dominantes desconocen sus propias reglas constitucionales y dan un golpe de Estado… la democracia formal es sólo para los amigos de la burguesía”
El “golpe parlamentario” paraguayo es el más reciente fruto de la nueva estrategia política, bautizada “neogolpismo”. Un nuevo fantasma que recorre el mundo, una novedosa manera de deponer gobiernos legítimos, sobre todo a aquéllos que pretenden realizar cambios sociales o afectar a las injustas estructuras económicas, o que simplemente no se llevan bien con los poderes fácticos. Este mecanismo ha sido practicado en diversas regiones del mundo pero en especial en países latinoamericanos, como Venezuela (2002), Bolivia (2008), Ecuador (2010) y el reconocido laboratorio de pruebas exitoso que constituyó Honduras en 2009.
Para el cambio de gobierno no se recurre en primer término a la violencia directa, sino más bien a la violencia estructural, gracias a diversas fuerzas nacionales e internacionales, las cuales movilizan todos los recursos económicos, logísticos y humanos a su disposición , buscando tumbar a los mandatarios democráticos mediante supuestos procesos constitucionales; es decir, sucede no ya con la dirección de militares alzados, sino antes que nada por civiles y desde las mismas instituciones democráticas. Al respecto, el reconocido politólogo Marcos Roitman, al analizar el caso paraguayo escribió que: “Hoy no es necesario que las fuerzas armadas estén en primera línea. Los golpes de Estados pueden remitirse a los parlamentos y desbancar gobiernos legítimos. No por ello dejan de ser golpes de Estado”. Es decir, las armas no marchan adelante, sino otras formas de violencia menos ilegales, la de las estructuras, la violencia simbólica (desde los medios de masas y la manipulación) y la violencia psicológica (confundiendo lo más posible a la sociedad).
Los neogolpistas se valen de actos de diversa índole que en un inicio conmocionan a la opinión pública (criminales, políticos, económicos, sociales, etc.), y así se llega a coyunturas de “crisis” o de “shock Por supuesto, los hacedores aparecerán en el momento justo, como los redentores, con el supuesto fin de rectificar el rumbo de la democracia, resolver severos conflictos internos o acabar con impasses. Entonces, aunque las crisis fueran provocadas o exacerbadas por agentes contratados por los mismos golpistas, los acontecimientos negativos son presentados como “responsabilidad” del gobierno en funciones, el cual “no puede lograr el orden ni la estabilidad en la nación”. En Paraguay, la matanza entre campesinos y policías en Curuguaty unos días antes fue esa excusa destinada a confundir a la opinión pública y a justificar las posteriores graves violaciones del derecho y la democracia.
Entonces, un nuevo gobierno toma posesión y es ungido por vías aparentemente “constitucionales”, “legales” y “democráticas”; pero la legalidad lo es solo a los ojos de quienes interpretan a su capricho y conveniencia las leyes, el alcance de los principios democráticos y los propios derechos humanos. Porque en verdad, ninguna persona con dos dedos de frente puede llegar a justificar racionalmente (y menos legalmente) los métodos ni las muy especiales formas de actuar de los neogolpistas; salvo cuando la información es severamente ocultada y manipulada, realidad que también constituye un elemento clave en este nuevo modus operandi, y que se manifiesta en diversos grados, gracias a los cómplices medios empresariales de masas.
Otra característica importante del neogolpismo es que cuenta con la aprobación de los sectores poderosos de las sociedades, o al menos de una parte importante de estos. Por esto mismo, muchos medios de comunicación tienden a apoyarlos, erigiendo (con diversos títulos y adjetivos calificativos) como los salvadores de la democracia o del país a quienes en realidad son usurpadores antidemocráticos del poder. En el ejemplo paraguayo los golpistas nos han sorprendido con una increíble paradoja al llamarse a sí mismos “los promotores de la soberanía nacional”, los aliados contra las alianzas internacionales anti-paraguayas; esto, por ser justamente ellos los entreguistas de la tierra paraguaya al capital extranjero y a la intervención de fuerzas extrañas.
Este neogolpismo está inaugurando nuevas épocas de opresión solapada en Latinoamérica, no ya con dictaduras militares ni dictablandas, sino con siniestras pero más sutiles manipulaciones de los pueblos y de las instituciones democráticas. Una nueva plutocracia paisana en la que solo tienen derecho a competir por el gobierno las clases poderosas y sus representantes, una verdadera “poligarquía”. Es decir, una oligarquía en la que el poder y el gobierno están abiertos a la disputa, pero solo para los pudientes o plutócratas.
En caso de que partidos o clases afines a los más pobres o tendientes a combatir las injusticias sociales ganen elecciones, tarde o temprano los poligárquicos encontrarán la excusa o crearán la “coyuntura perfecta” para intentar sacarlos de en medio y poner a gente más afín a sus intereses, sin importar de qué partido o grupo de poder procedan originalmente. Muchos paraguayos, dicen que los colorados (del partido político ANR) son los más divididos, pero que se siempre se juntan y olvidan temporalmente sus peleas en los períodos electorales, para así garantizar su permanencia en los puestos gubernamentales (aunque la excepción más importante permitió la caída del partido del gobierno en el 2008). Hoy hemos aprendido que lo mismo sucede cuando las clases más favorecidas dejan a un lado sus más grandes disputas, odios y enemistades si les tocan sus injustos privilegios o hay peligro de que esto suceda. Los empresarios y políticos corruptos se alían sólidamente cada vez que los negocios turbios, la explotación humana y/o los grandes beneficios de sus actos corren peligro; entonces ya no existen los partidos políticos ni las diferencias ideológicas o económicas (pasan a segundo plano), sino solamente los intereses de clase.
Las oligarquías neogolpistas paraguayas 
El artículo 225 de la Constitución Nacional paraguaya faculta al Congreso para enjuiciar políticamente al Presidente del país, ministros de la Corte Suprema y otros altos funcionarios “por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”. El proceso debe iniciarse con una acusación de la Cámara de Diputados (con mayoría de dos tercios) y concluir con el “juicio público” en el Senado, que sólo podría proceder a la destitución si contase con dos tercios de votos favorables. Pero no es la democracia paraguaya una del tipo parlamentario, sino que presidencialista, el mismo texto nacional reza entre otras cosas: “El Presidente de la República y el Vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos...” (Art. 230). Se entiende que el Congreso sólo puede destituir por motivos bien fundados, y en casos excepcionales; sin embargo, esta herramienta ha sido utilizada como la eterna espada de Damocles sobre los presidentes paraguayos.
El juicio político a Lugo, cuarto en la historia paraguaya y primero en acabar con una destitución, fue solo un montaje apresurado para justificar su remoción, con guión ya pre escrito. Este juicio exprés violó un gran número de garantías procesales, empezando por el derecho a la defensa y la falta de bases probatorias (se le dieron solo dos horas para defenderse de cinco acusaciones, las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas y el tiempo para prepararla fue inferior a 24 horas); y siguiendo, por el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y otros. Los artífices del juicio argumentaron que se trataba de un acto político, olvidándose de que ningún juicio por más “político” que fuere puede violar principios garantizados en la propia Constitución (arts. 16 y 17) como derechos humanos, practicados incluso desde la existencia del Código de Hammurabi. Por supuesto, el debate público, imprescindible en cualquier “juicio político” estuvo absolutamente ausente; lo que pensara, opinara, votara o creyera la mayoría del pueblo era lo de menos.
El apresuramiento en “juzgar” habría tenido dos motivos principales: impedir la intervención internacional (que suele ser muy lenta) y evitar una reacción mayor de la ciudadanía; así, en menos de dos días se acusó, se escuchó a medias a los defensores y se destituyó a un Presidente de la República. Lo que menos importaba era la voluntad popular expresada en las urnas o en las calles. De hecho, una encuesta realizada el día antes del juicio demostraba que el 67% de la población estaba en contra del mismo   Más del 80% de los diputados y senadores acordaron contar con el pueblo, una prueba de que los intereses ciudadanos no están representados en muchos parlamentos, sobre todo en este, considerado como el más corrupto de América   y cuyos integrantes son llamados por sus compatriotas “dipuchorros y senarratas” (dipu y sena-ladrones).
Por supuesto los votos dentro del senado -émulo de las peores épocas de Roma- ya estaban cantados incluso antes de formularse la acusación. De paso los diputados acusadores no presentaron ni una sola prueba, aparte de burdas fotocopias de recortes de diarios; en un texto con graves errores, considerado por muchos como un mero panfleto propagandístico repleto de contradicciones y falsas acusaciones. El juez español Baltasar Garzón, distinguido defensor de los derechos humanos, se refirió al juicio como “un esperpento que cuestiona la solidez democrática de la región”, un acto realizado “...de forma sorpresiva, con nocturnidad y alevosía [que] podría haber esperado a que los ciudadanos emitan su opinión”
Los precedentes ya estaban en cierta forma hechos desde que en 1999 se juzgó también con apresuramiento al Presidente Raúl Cubas Grau (solo que le dieron unos días más para defenderse, pero en medio de un levantamiento popular a punto de convertirse en guerra civil), hecho que dio pie a posteriores juicios a jueces de la Corte Suprema; siempre mediando intereses políticos partidistas antes que los constitucionales o populares. Es cierto, muchos callaron ante estos “juicios políticos” por los malos antecedentes de los acusados o por la inestabilidad a la que habían llevado a la República; sin embargo, la lección es que cuando a alguien no se le garantiza un justo juicio, a pesar de toda la culpa que pueda tener, se está dando pie a una severa violación constitucional que a todos afectará eventualmente. ¿Qué nos espera en el futuro?, pues así como se están dando las cosas, en Paraguay los presidentes seguirán a merced de los parlamentos, que se constituyen en cuerpos colegiados cuasi dictatoriales y con el poder de hacer prácticamente lo que se les antoje. Mientras, muchos ciudadanos todavía creerán que actos como estos son válidos solo por contar con la aprobación de ciertas mayorías (en este caso de los senadores y diputados), olvidando que unos de los principios fundamentales de la democracia son el respeto a las minorías y la existencia de juicios justos (incluyendo a la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, entre otros).
Soberanía violada 
El levantamiento del Congreso Nacional en Paraguay contra Fernando Lugo mediando una grosera violación de los principios democráticos y los derechos humanos, se da en un contexto de entrega de la soberanía nacional al capital extranjero. Es ya de público conocimiento que los intereses de las transnacionales Río Tinto Alcán (con capital mayoritario canadiense), Monsanto y Cargill se hallan vinculados a los perpetradores del neogolpe parlamentario paraguayo, y que como la izquierda estaba posicionando bien a sus precandidatos de cara a las elecciones generales de 2013, las cosas no pintaban bien para estas empresas.
El caso de la transnacional Río Tinto Alcán ha sido estudiado y ya está siendo debatido en Paraguay, se trata de la segunda mayor fundidora de aluminio del mundo y se está acusada de numerosas violaciones de los derechos humanos y laborales en todo el mundo. Dicha empresa desde hace un tiempo deseaba instalarse en el país, para lo cual exigía como condición la venta de electricidad a precios ridículos (subsidiados); recordemos que Paraguay produce varias veces la cantidad de energía que necesita, gracias a las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretä. Casualmente Francisco Rivas, ministro de Industria y Comercio de Lugo, es uno de los promotores de la instalación de esta empresa, y también uno de los pocos confirmados en su cargo por Franco; asimismo Diego Zavala, considerado como uno de los lobistas de la empresa canadiense, es el nuevo Viceministro de Comercio. Río Tinto generará empleos pero a un costo significativo para el Estado paraguayo, de acuerdo con los estudios publicados por Silvio Núñez, serían de 700 a 1.000 millones de dólares solamente los gastos necesarios en obras públicas, más un subsidio equivalente a 165 millones de dólares que llegará a 12.000 millones de dólares en veinte años
Los agronegocios y agrogrotóxicos tampoco son ajenos a los sucesos, con empresas con los ojos puestos en la República como Monsanto, Cargill y Syngenta. En 2005 se aprobó una Ley de Seguridad Fronteriza, la cual fue reglamentada por Lugo en octubre de 2011; la misma prohíbe asentamientos de extranjeros a menos de 50 km de la frontera, una medida que afecta directamente a los llamados brasiguayos, productores sojeros instalados en territorio paraguayo y vinculados también a las transnacionales transgénicas. Meses después se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Bioseguridad, una paradójica norma que fomenta a los transgénicos, en particular en la soja. Además, un documento llamado “Paraguay: Ocupación corporativa y Tejido de Resistencia de los Pueblos”   vincula los intereses de diversas empresas transnacionales con la explotación del Chaco paraguayo, interesados en “la producción de agrocombustibles y energía a partir de la soja transgénica”. Al respecto, Lugo cometió el “error” de romper el convenio que permitía establecer en la región bases militares estadounidenses.
Con todo esto, al final solo se está siguiendo un procedimiento enseñado en los manuales de la contrainsurgencia, presentando a los responsables de un grave daño a la patria como los apóstoles de la lucha contra el mismo. De esta manera los futuros negocios que corrían riesgo vuelven a su cauce normal de consolidación con el gobierno “soberano” de Franco.
No es de extrañar que las propias fuerzas pro golpistas hayan lanzado diversas páginas en Internet con el nombre de “Paraguay soberano”, ocultando que están apoyando a los que van a perjudicar por décadas al Estado paraguayo, favoreciendo al capital extranjero que dejará solo buenos beneficios a cierto reducido grupo de paraguayos (los mismos de siempre), pero sobre todo a millonarios de otros países. En dichas páginas se reproducen noticias no siempre completas ni imparciales, mientras que sean “antiluguistas”; se presentan opiniones a favor, así sea que provengan del mismísimo Collor de Mello ,  y se incita al odio y a la división entre compatriotas. En el caso de la versión en Facebook -muy probablemente repleta de comentarios y participaciones de personas pagadas por los franquistas- los miembros se la pasan promoviendo la discriminación, criticando sin pudor ni vergüenza de manera xenófoba y racista a los argentinos, líderes de otros países, musulmanes, socialistas (zurdos los llaman), chavistas y todo aquél que se pronuncie contra el golpe parlamentario o presente ciertas tendencias de izquierda. Su intención es presentar al nuevo gobierno como víctima de una conjura internacional y como defensor de la patria; aunque, al final caen en el más severo “ombliguismo” ciego.
Antecedentes, una democracia nunca real 
Los acontecimientos recientes solo pueden comprenderse bien a la luz de los sucesos anteriores, de la historia de la política en Paraguay. Una historia repleta de traiciones, fraudes, golpes, abusos de poder y usurpaciones; con más golpes de Estado que elecciones libres. Y aunque hace 12 años parecía que tenía lugar el último intento de golpe, los mismos han resurgido con la modalidad neogolpista, y ya sin recurrir a las fuerzas armadas o policías.
Paraguay es una república donde cinco de los seis presidentes postdictadura o de la era de “transición a la democracia” han debido enfrentar golpes de Estado y/o juicios políticos. Alfredo Stroessner había sido derrocado por un golpe militar el 2 de febrero de 1989 (por la misma vía había subido casi 35 años atrás en una maniobra contra un presidente de su mismo partido), su propio correligionario y consuegro, el general Andrés Rodríguez movilizó a parte del ejército y luego asumió como Presidente hasta el fin del mandato en agosto de 1993. Durante su gobierno se redactó (con amplia mayoría de su Partido Colorado o ANR) la actual Constitución Nacional, aprobada casi al final de su mandato, en junio de 1992. En su momento, esta constituyó una de las más avanzadas de la región; sin embargo, aunque es mejor que textos anteriores, tiene un buen número de deficiencias, contradicciones y tendencias no muy populares.
El siguiente Presidente fue Juan Carlos Wasmosy, quien enfrentó una sedición militar del general Lino Oviedo en 1996; a Wasmosy siguió el “oviedista” Raúl Cubas Grau, quien renunció antes de ser destituido por un juicio político en el congreso (1999), durante los sucesos del marzo paraguayo .  El Presidente del Congreso, Luis González Macchi, asumió en ese momento para completar el período hasta 2008  y encabezó un gobierno desorganizado e ineficiente, que estuvo vinculado a numerosos casos de corrupción y que tuvo que enfrentar un intento de golpe de Estado militar en el año 2000, posiblemente dirigido por Lino Oviedo. Asimismo, el considerado como uno de los más inoperantes presidentes del país, enfrentó un juicio político (el tercero en la historia nacional) en los últimos meses de su mandato, que no lo destituyó solo porque se alcanzó la mayoría, pero no la necesaria de dos tercios.
El colorado Nicanor Duarte Frutos asume luego como Presidente, desde agosto de 2003, y se convertiría cinco años después en el último de la ANR tras 62 años del partido encabezando gobiernos de la República; a través de pseudodemócratas, dictadores, dirigentes populistas y neoliberales. En 2007, se llevaron a cabo las elecciones internas de su partido, y en la misma resultó triunfadora su protegida y dirigida Blanca Ovelar por un margen de solo 0,45%, en una jornada donde el fraude, la compra de votos y las irregularidades fueron la constante; por supuesto que no hubo recuento y que el tribunal partidario fue, no sin motivos, acusado de espurio. Ese mismo año el Partido Liberal eligió a quien acompañaría al candidato independiente Fernando Lugo como vicepresidente, Federico Franco, quien sería el supuesto ganador ante Mateo Balmelli, por la escasa diferencia de 646 votos (entre más de 300.000). Así, fueron las internas de los dos grandes partidos paraguayos previas a las elecciones generales de 2008, unos “fingidos semiempates” frutos de evidentes fraudes y manipulaciones.
La dupla Lugo-Franco ganó las últimas elecciones (2008) a la candidata colorada, para que por primera vez en la historia del país un presidente entregara el poder a otro de un partido diferente sin mediar revoluciones o golpes. No obstante, Franco y muchos sectores liberales nunca se contentaron con la parte del gobierno que les tocó e intentaron diversas maniobras para sacar a Lugo del medio, hasta que lo consiguieron; con el apoyo del Partido Colorado, también deseoso de perturbar la alianza triunfadora que lo sacó del poder, la de las izquierdas, movimientos sociales y el Partido Liberal.
Faltando poco para las elecciones de 2013 se desató la crisis en el Partido Liberal, tras la consulta popular realizada por los candidatos a la presidencia, con el fin de evitar una interna partidaria y llegar “más unidos”. Nuevamente el ganador lo hizo por estrecho margen y en medio de numerosas denuncias de fraude. Blas Llano , Presidente del partido y uno de los pilares de Lugo, habría logrado el primer lugar frente a Efraín Alegre (un antiguo aliado y exministro de Lugo); el vicepresidente Federico Franco, quien terminó en tercer lugar; y otros dos candidatos que quedaron muy lejos.
La crisis empezó un poco después, el luctuoso 21 de junio, cuando la policía, bajo las órdenes de fiscales del Poder Judicial, se acercaron a negociar con campesinos que, en protesta por la falta de tierras para cultivar, se hallaban invadiendo un terreno en Morombí, cerca de la ciudad de Curuguaty a unos 240 kilómetros de la capital. La respuesta directa fueron disparos de armas de fuego; y aunque aún no se sabe quiénes empezaron los mismos, hay grandes sospechas de que habrían sido infiltrados y/o francotiradores ajenos a los hechos. Murieron 11 policías y 6 campesinos, y las fuertes críticas en el país llevaron a la renuncia del jefe de la policía y del Ministro del Interior Carlos Filizzola, exalcalde de Asunción (2001-2006) y miembro del senado por un partido socialista (PPS). Las versiones de “montaje” con el fin de desestabilizar al gobierno de Lugo surgieron desde el comienzo; aún así, el Presidente cometió el error de nombrar a un colorado como nuevo ministro, el ex Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla, allegado al exministro de Emergencia Nacional Camilo Soares, y acusado de ayudarlo durante el proceso que se le sigue por denuncias de corrupción (por perjuicio patrimonial de 1.224 millones de guaraníes debido a compras sobrefacturadas en su Secretaría) , pero también acusado de promover al menos mil imputaciones a luchadores sociales y de violaciones de los derechos humanos  Casualmente las tierras estaban en poder de Blas N. Riquelme, exsenador y expresidente del Partido Colorado, el núcleo que inició el “juicio político”; poco después, se descubriría que dichas tierras en realidad pertenecían al Estado paraguayo y debían destinarse a la reforma agraria.
Era una cuestión de tiempo que el Presidente Lugo pagara muy caros sus errores, debidos tal vez a su inexperiencia política y a la mala elección de varios de sus colaboradores. Su último gran aliado en el Partido Liberal, Blas Llano, terminó por realizar una alianza velada con los colorados y varios de los principales dirigentes de su partido para urdir la trama del derrocamiento aprovechando el shock producido por la balacera en Curuguaty.
Los liberales lograron volver al poder en un momento clave para controlar los recursos del Estado, nueve meses y medio antes de las elecciones presidenciales y legislativas. No está de más decir que el Partido Liberal nunca llegó a la primera magistratura del país a través de elecciones en más de 120 años de existencia y que es el eterno segundón en la era democrática reciente; incluso en 2008, cuando ganó Lugo, los candidatos a senadores liberales obtuvieron menos votos que los colorados.
El actual “Presidente” fruto de un golpe parlamentario es el mismo Federico Franco cuyo hermano Yoyito Franco logró el apoyo del golpista Lino Oviedo para convertirse en vicepresidente paraguayo en el año 2000; el mismo Federico que en su asunción tuvo entre sus invitados de honor y en primera fila al golpista y tenebroso general Oviedo , y nombró a una de las fieles de éste como ministra de Defensa; un hombre que quedó hace unos meses en tercer lugar en la consulta de su partido; que ha tomado parte en algunos de los 24 intentos de juicio político realizados en menos de cuatro años contra Lugo y que se convirtió en el primer Presidente liberal luego de 73 años, por supuesto, no gracias a las urnas ni al clamor popular.
Es un Presidente ilegítimo que goza del apoyo de las mayorías del Parlamento y de la prensa, pero no del pueblo. Porque la gente está despierta, no se cree ni confía en los medios de la plutocracia asuncena, que sentados en sus gabinetes de lujo quieren imponer la verdad a través de la radio, televisión y prensa; ocupados en buscar mil y una vueltas a la realidad para justificar sus fechorías pasadas y futuras. Pero entre estos están los mismos medios que apoyaron a los oviedistas de 1999, aquéllos que condenaron el acercamiento de Paraguay a Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros gobiernos progresistas; y, sobre todo, aquellos que fantasean con un nuevo conflicto bélico del Chaco, los "señores de la guerra" dispuestos a sembrar la semilla de la discordia a toda costa con el hermano país de Bolivia. Estos son medios que no se distinguen precisamente por defender los intereses de los campesinos o más pobres, en un país donde el 2% de los propietarios tiene el 85% de la tierra.
La estrategia pacifista 
Frauderico Franco, como se le conoce en las calles, es el fruto de un proceso injusto, vergonzoso y que será condenado por la historia con toda su severidad; un juicio a lo “soviético” que se hizo al Presidente legítimamente elegido en Paraguay y cuya remoción nunca fue apoyada por la mayoría de la ciudadanía. Por esto muchos paraguayos, movimientos sociales y políticos, han empezado a invocar (no sin razón) un artículo constitucional que hasta el momento se hallaba sólo para la anécdota en el texto, el 138° "De la validez del orden jurídico” que establece: “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Los Estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay” . Este artículo da pie incluso a la rebelión armada incluso a pesar del pacifismo expresado en otras secciones de la ley fundamental paraguaya. La doctrina del derecho a la rebelión se remonta a muchos siglos atrás y ha formado parte de numerosos textos legales, inspirados inicialmente por Santo Tomás de Aquino. Esta, fue desarrollada posteriormente por otros pensadores y se ejemplifica en la rebelión contra los malos gobiernos, en la destitución de los tiranos, en el tiranicidio y en la guerra justa, entre otros.
Afortunadamente Lugo optó por el método no más eficaz a corto plazo, pero tal vez el más conveniente y justo: la lucha pacífica; además, llamando a una resistencia sin violencia está reivindicándose como un buen líder para momentos difíciles. Fácil y tal vez mucho más eficaz hubiera sido convocar a la rebelión o haber intentado cercar el local del congreso (cuya falta le criticó Atilio Borón). Sin embargo, suponemos que en este caso pensó si vale la pena la vida de compatriotas a cambio de un año más en el gobierno. Lo que sí se le puede criticar es haber reconocido un juicio que no es tal (como él mismo expresó) y no haberse negado a abandonar el palacio de gobierno.
La resistencia civil es un camino largo que además requiere de mucha disciplina, no se aprende a transitarlo en un día y no se logran grandes resultados (generalmente) en poco tiempo. Sin embargo, las vías pacíficas dan una legitimidad insospechada y casi inalcanzable a quienes las practican, porque los que luchan por un futuro mejor o por una patria más grande no pueden ni deben hacerlo a través de la violencia; pues la violencia se autorreproduce en espirales ascendentes, así, cualquier provocación se convierte en golpe, el golpe en más golpes y estos en balas y/o muerte.
Cualquiera no puede organizar o formar parte de un movimiento de resistencia civil o de lucha no violenta, y mucho menos hacerlo a la perfección, pero es un intento que vale la pena y que promete mucho si se está a favor de la justicia. No decimos que Lugo esté encabezando un movimiento esencialmente no violento, pero esa ha sido una característica constante, lo cual es una muy buena noticia. La cuestión es que ellos se den cuenta de lo que pueden lograr siguiendo así y que mantengan su legitimidad recurriendo siempre a métodos pacíficos, los cuales desarticulen la violencia de los usurpadores.
Los ejemplos de no violencia del movimiento “Paraguay resiste” (formado por Lugo), son las manifestaciones y marchas en cientos de lugares de la capital y del interior país (en la historia reciente raras veces se dieron protestas en el interior que no fueran organizadas por campesinos); el llamado al boicot contra algunos empresarios golpistas; las pintadas contra el golpe en muros, billetes, calles, etc. y la toma simbólica de la calle frente a la TV pública: un medio de comunicación con apenas unos meses en el aire y cuya esencia “autónoma” está siendo violada por la intromisión de Federico Franco y su gente. La estación es prácticamente el único medio masivo no electrónico que presenta la otra realidad, lo que está sucediendo que los franquistas no quieren que se sepa. Por supuesto se teme que la represión y la censura crezcan exponencialmente hasta intentar callar la voz alternativa de este canal y de las radios comunitarias paraguayas.
Combatirlos con resistencia civil pacífica está doliendo mucho a los golpistas poligárquicos, porque saben que por ahora seguirán en el poder pero cada vez tienen más rechazo de la gente y sus tradicionales partidos están perdiendo no solo respaldo sino también fuerza, votos y poder de convocatoria; por ejemplo, ninguna manifestación significativa con más de unas pocas personas fue hasta el momento realizada a favor de Franco, a pesar del llamado de los liberales. Ya hace rato han quedado sin legitimidad y sin valor, y hoy también han demostrado que la legalidad no les interesa más que como un falso ropaje que les revestirá de acuerdo con sus propias torcidas interpretaciones de la ley.
Los paraguayos progresistas, los de izquierda, los socialistas o como quiera que se llamen están cambiando, porque están empezando a pensar a largo plazo, no sólo ya en el aquí y ahora; por eso estuvieron a la altura de las circunstancias y respondieron bien a la provocación a enfrentamientos, donde los únicos que iban a perder eran los civiles y los que serían tomados como carne de cañón. Un enfrentamiento, sea del tipo de fuere, iba a terminar en sangre, muerte y lágrimas. La policía y fuerzas armadas son instituciones todavía muy teñidas de rojo (el color de la ANR), donde el odio al comunismo (y a todo lo que se asemeje a la izquierda) no se ha retirado del todo, donde la jerarquía aún es un arma de los jefes para practicar actos de corrupción o para abusar de los subalternos y donde muchos ven los derechos humanos como una piedra en la labor diaria, como una excusa para proteger a los criminales.
La sociedad paraguaya es una que ha venido desmilitarizándose en los últimos veinte años, luchando contra la soberbia y prepotencia de policías, militares y otros partidarios de dictaduras pasadas; enfrentando intentos de golpes de Estado, robo de elecciones y todo tipo de abusos de los poderes fácticos. No vale la pena retroceder a tiempos de violencia, de guerrilla, de guerra civil y muerte entre compatriotas; afortunadamente los luguistas han comprendido perfectamente esto, que podría representar también la manera de pensar de la mayoría de los paraguayos.
Pero la resistencia civil requiere fuerza, disciplina y organización que difícilmente puede lograr el movimiento, además su estrategia se cierne más hacia las elecciones dentro de unos meses, elecciones que dicho sea de paso van a tener en cada mesa de votación a un presidente y dos vocales: un colorado, un liberal y uno del Partido Unace (oviedistas), tres de los partidos que condenaron a Lugo. El panorama no es muy bueno para dicha resistencia ni para el Frente Guasú (el nuevo partido luguista que reúne a decenas de micropartidos de izquierda y organizaciones sociales); pero  el respaldo popular está creciendo, hasta el punto de que muchos errores se le han perdonado a Lugo a la luz de la reciente injusticia y cambio de fuerzas.
Paraguay no debe convertirse en un segundo Honduras, es decir, en una victoria de las fuerzas invasoras y comerciales, con un neogolpismo de la mano de los asesinos de la soberanía y de la justicia. Lugo, si bien realizó algunos cambios interesantes también tendió en diversas ocasiones la mano a la derecha y a las oligarquías, y no fue suficientemente fuerte para combatir la corrupción, promover necesarias reformas sociales o luchar contra la desigualdad económica tan aguda. Encarrilado en su política de “mbytépe poncho jurúpe” (en el centro, como boca del poncho), encabezó un gobierno con ciertos tonos progresistas, pero alejado de las organizaciones sociales, de los históricos movimientos campesinos y de la ideología que “decían” sostener. Que él no contara con parlamentarios, que no haya intentado hacer la necesaria reforma agraria y que tampoco tuviera bases sociales firmes (por su propias decisiones, en este caso) nos ha costado muy caro, pero al menos se ve una luz de esperanza al final del túnel con el resurgimiento de la juventud paraguaya que movilizada y pacífica está dispuesta a romper el cerco de la poligarquía, la cual ataca con sus medios, con sus golpistas, con su violencia y con su autoexclusión del mundo civilizado democrático
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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