Juan Carlos María Wasmosy Monti
Duración del mandato: 15 de Agosto de 1993 - 15 de Agosto de 1998
La acusación se fundamentaba en una transferencia ilegal, ordenada en febrero de 1997, de 42.500 millones de guaraníes (al cambio de entonces, unos 20 millones de dólares) procedentes de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al Banco de Desarrollo, entidad privada que quebró mes y medio después del relevo presidencial en agosto de 1998. El 12 de abril 2002 el juez del caso, Jorge Bogarín, le halló culpable y le impuso una condena de cuatro años de prisión, a servir en la penitenciaría nacional Tacumbú próxima a Asunción, que era la mitad de la pena solicitada por el fiscal de Delitos Económicos, José Casañas. Ahora bien, el magistrado Gustavo Gorostiaga rechazó el pedido de prisión inmediata presentado desde la Fiscalía y resolvió que Wasmosy siguiera provisionalmente en libertad para que pudiera apelar su condena hasta el pronunciamiento de una sentencia en firme, pero previo pago de una fianza de 4.000 millones de guaraníes (unos 830.000 dólares) y con la obligación de presentarse una vez por semana ante la Policía y la prohibición de abandonar el país.
Duración del mandato: 15 de Agosto de 1993 - 15 de Agosto de 1998
La acusación se fundamentaba en una transferencia ilegal, ordenada en febrero de 1997, de 42.500 millones de guaraníes (al cambio de entonces, unos 20 millones de dólares) procedentes de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al Banco de Desarrollo, entidad privada que quebró mes y medio después del relevo presidencial en agosto de 1998. El 12 de abril 2002 el juez del caso, Jorge Bogarín, le halló culpable y le impuso una condena de cuatro años de prisión, a servir en la penitenciaría nacional Tacumbú próxima a Asunción, que era la mitad de la pena solicitada por el fiscal de Delitos Económicos, José Casañas. Ahora bien, el magistrado Gustavo Gorostiaga rechazó el pedido de prisión inmediata presentado desde la Fiscalía y resolvió que Wasmosy siguiera provisionalmente en libertad para que pudiera apelar su condena hasta el pronunciamiento de una sentencia en firme, pero previo pago de una fianza de 4.000 millones de guaraníes (unos 830.000 dólares) y con la obligación de presentarse una vez por semana ante la Policía y la prohibición de abandonar el país.
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