Los rumores de un intento de golpe de Estado en Paraguay siguen cobrando fuerza y muchos líderes latinoamericanos ya expresaron su preocupación.
El Partido Colorado, que dominó durante seis décadas el poder en Paraguay, está decididamente interesado en deshacer el proyecto político que encabeza el ex obispo católico Fernando Lugo, quien ganó las elecciones el 20 de abril del año pasado, rompiendo una hegemonía que parecía inmodificable.
Los motivos de la oposición conservadora y de los sectores tradicionalmente más beneficiados de la sociedad paraguaya para derribar a Lugo son bastante evidentes.
Paraguay figura en la lista de los países con mayor desigualdad social y económica. El sector más postergado se localiza en el área rural donde habita el 47 por ciento de la población. De ese 47 por ciento, el 70 por ciento son pobres y el 30 restante vive en la pobreza extrema.
Si se analiza la distribución de la riqueza, encontramos que el 20 por ciento más rico concentra el 62,4 por ciento de los ingresos.
Cuando Lugo llegó a la presidencia, propuso un nuevo rumbo para cambiar la distribución de la riqueza.
Uno de los ejes que estableció fue la reforma agraria, un programa que apunta a modificar la actual propiedad de la tierra cultivable. El 80 por ciento de la tierra fértil está en manos de sólo el 2 por ciento de los empresarios del agro.
La principal resistencia a este plan y otros que buscan achicar la enorme brecha abierta entre ricos y pobres, vino de los partidos con representación parlamentaria.
El plan que tienen los sectores que buscan desplazar a Lugo, tendría dos caminos probables: uno de apariencia “institucional”, y otro más propio del golpismo clásico en América Latina, la vía militar.
La salida “institucional”, utilizando mecanismos contemplados en la Constitución paraguaya, consistiría en promover el juicio político del presidente, y colocar al vice en su lugar.
Federico Franco –quien no duda en mostrarse preparado para asumir el ejecutivo- pertenece al Partido Radical Liberal Auténtico, que forma parte de la alianza que llevó a Lugo al poder, pero sus diferencias con el mandatario son insalvables desde hace mucho tiempo.
La alternativa institucional fue hecha pública y apoyada por el senador Luis Alfredo Jaeggli, correligionario de Franco.
El legislador señaló que la iniciativa apunta a echar a Lugo en un plazo no mayor a seis meses, para lo que debería acusarse al presidente de haber cometidos delitos.
El escollo que presenta esta alternativa para los conspiradores es el respaldo popular que puede recibir Lugo en caso de un juicio político.
La otra alternativa –más descabellada pero no imposible– es la utilización de las Fuerzas Armadas para sacar a Lugo del poder.
Subidos al aparente éxito obtenido en Honduras por lo que parece ser un modelo neogolpista en la región, algunos sectores políticos de Paraguay no descartan esta alternativa.
Así lo denunció sin pelos en la lengua el ministro del Interior, Rafael Filizzola, quien afirmó que hay quienes estarían analizando una intentona de este tipo. El funcionario –que de todos modos consideró insostenible esa posiblidad– destacó que hay grupos de poder que verían con simpatía el retorno a la dictadura en Paraguay.
Si bien Lugo descarta un golpe de esta naturaleza, no perdió tiempo y el 4 de noviembre de 2009 descabezó a los comandantes de las tres armas. Pero la intención de sacar a Lugo de la presidencia de Paraguay no se basa sólo en los problemas domésticos, sino en la percepción de que su gobierno vino a sumarse a un eje progresista en la región, cuyas políticas suponen una amenaza directa para los privilegios a los que están acostumbrados los partidos tradicionales y los grupos económicos más poderosos del subcontinente.
El vicecanciller de Paraguay, Jorge Lara Castro, que participó de la octava cumbre de la Alianza Bolivariana que se desarrolló en Bolivia, hizo notar, a propósito de este alineamiento de su país que en América Latina está emergiendo una pluralidad social integrada fundamentalmente por indígenas y campesinos que luchan por lograr un cambio.
Por su parte, el vicepresidente Federico Franco reconoció su fuerte oposición a las relaciones bilaterales que Lugo teje con Venezuela.
La participación del gobierno de Fernando Lugo en la propuesta que llevan adelante Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador es por lo tanto, el argumento central con el que cuentan sus detractores, quienes ya no parecen sentir la necesidad de ocultar sus propósitos desestabilizadores
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