Los transgénicos y sus empresas nada saben de democracia, ni de justicia. El primero de diciembre dos sicarios asesinaron al campesino Vidal Vega, por defender la tierra campesina. Aunque muchos medios de comunicación no hablaron de golpe de Estado, lo ocurrido el pasado mes de junio en Paraguay así debe explicarse. Un pequeño país y su economía básicamente agraria fue atacado —con la violencia del poder económico— por quienes controlan la tierra y sus empresas asociadas, nacionales e internacionales, temerosas ante algunos pequeños pasos que el gobierno de Fernando Lugo quería acometer. La organización de mujeres campesinas de Paraguay, Conamuri, integrada en La Vía Campesina, nos lo explica con detalle.
Sombras de democracia en un país de terratenientes. A partir de la asunción del gobierno de Fernando Lugo, en 2008, las contradicciones en el seno de la sociedad paraguaya tendieron a profundizarse. Si bien, al decir del economista Luis Rojas, no se puede hablar de éste como de un régimen socialista —porque, a la hora de las definiciones económicas viró siempre hacia el sector de la clase dominante, en tanto que hacía lo propio hacia el sector popular cuando de temas sociales se trataba— algunos eternos reclamos de la clase trabajadora, como lo relacionado a salud, sobre todo, por fin encontraron eco en una dirigencia diferente al tradicional partido incrustado en el poder desde hacía más de sesenta años: el Partido Colorado.
Pero también el gobierno depuesto por el Parlamento, el 22 de junio pasado, fue un poco más temerario de lo que se esperaba, y de ser amigo de programas de asistencialismo y de medidas populistas, pasó a tentar la ofensiva contra el poder hegemónico que representan los terratenientes, a través de la intención de recuperar las tierras robadas al Estado durante el régimen de la dictadura militar e incluso durante la tan prolongada transición democrática. En esta intención, muy por lo bajo anunciada como un cuco, se basó el proceso de cambio en el Paraguay: nada concreto, una ilusión que despertó, por un lado, la indignación y posterior movilización de una ciudadanía más consciente, y, por otro, la alta preocupación de quienes detentan los hilos del poder fáctico.
Intervenir técnica y jurídicamente los latifundios, máxima fuente de las desigualdades sociales en el Paraguay, significaba revertir la estructura agraria que permite que 85.5% de las tierras esté en manos de 2.6% de la población, elevando la concentración a un nivel de récord mundial.
Aunque hayan sido escasas las concesiones sociales, existió una notable tesitura demócrata en algunos funcionarios públicos, como el Senave, de control de semillas, la SEAM, de medioambiente, y el Indert, que rige la cuestión de tierras y desarrollo rural. Desde entonces, la guerra desatada a través de los medios de la oligarquía denunciaba como un atropello —insólito e inconcebible— el cumplimiento de las normativas ambientales y constitucionales que regulan el espíritu de estas secretarías del Estado: sojeros, ganaderos, latifundistas eran todos uno a la hora de ser medidos con la vara de la ley.
Y estos sojeros, ganaderos y latifundistas, aliados a los medios empresariales de comunicación, el Parlamento, la Corte Suprema y las corporaciones multinacionales y de agronegocios con interés en acceder a los bienes naturales del Paraguay, sentenciaron a muerte el proceso democrático del cambio a través de un burdo juicio político al presidente democrático e instalando en el poder al que fuera su vicepresidente, el liberal y conservador Federico Franco, abiertamente contrario a las resoluciones de Lugo y sus ministros, y simpatizante —y miembro, a la vez— de esa burguesía local, que se sentía cada vez más incómoda con el representante del Ejecutivo, ya que, consecuencia de la participación ciudadana y la promoción de la democracia, la sociedad paraguaya empezaba a mirar con ojo crítico el orden establecido a fuerza de prepotencia, aletargamiento y conformismo.
La hora más sombría de nuestra historia reciente: Marina Cué. En el interior de Campos Morombí SA en la localidad de Marina Cué, una empresa sospechosa de estar asentada en tierras malhabidas y, por lo tanto, con años intentando su recuperación por el campesinado organizado, se dio la masacre de Curuguaty que terminó con la vida de once campesinos sin tierra y seis policías, en un confuso episodio de desalojo, el 15 de junio pasado.
La lucha por la tierra en Paraguay acumula muchos cadáveres de luchadores y luchadoras que han bregado por mayor acceso a la justicia social, pero, de una sola vez, tantas muertes sólo se recuerdan durante los más crudos pasajes de la represión stronista a las Ligas Agrarias Cristianas, en 1976.
Los acontecimientos registrados en Curuguaty fueron el detonante de la crisis política que catapultó a Federico Franco al poder, tras derrocar al presidente Lugo y tras truncar el proceso de cambio. Hoy día, el gobierno de facto trata por todos los medios a su alcance de que la población olvide lo ocurrido en Marina Cué. Los reclamos de las familias que allí sobreviven no han sido tenidos en consideración, más allá que ante las cámaras y ante el micrófono: todavía esperan que su comunidad se convierta en asentamiento, así como la liberación de 12 detenidos y 42 imputados, y la indemnización por parte del Estado.
Primero, una delegación del Parlasur (Parlamento Suramericano) determinó que en Marina Cué había mucha historia aún por descubrir, concluyendo que la masacre constituía un libreto confeccionado. Un poco después, una misión de la Vía Campesina Internacional arribó al lugar donde viven las familias de los campesinos asesinados y, mediante entrevistas, denunció la situación de abandono y extrema pobreza en que estaba sumergida la población. En agosto, una comisión conformada también por la Vía Campesina y organizaciones solidarias, constató una serie de violaciones a los Derechos Humanos e irregularidades en el procedimiento fiscal-policial, que quedó palpable en un documento a ser presentado próximamente en instancias de organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Unasur.
Resistencia ciudadana contra el golpe. En la práctica, el gobierno del golpe se muestra desorientado. No esperaba la reacción de la ciudadanía movilizada y, mucho menos, el vacío de la región y el desconocimiento de la diplomacia internacional. Sólo cuatro países en todo el planeta reconocen en Federico Franco a un presidente legítimo.
Por un lado, si la promoción de la soberanía aparece en los medios y en el discurso oficial como un estandarte del nuevo gobierno, por otro lado, la auténtica soberanía —la alimentaria, la territorial, la energética—, se entrega en los mercados y se ofrece a las multinacionales como Monsanto o Río Tinto Alcán, que han encontrado cierta intransigencia durante el gobierno de Fernando Lugo. A menos de cuatro meses del golpe de Estado parlamentario, Monsanto ha logrado introducir su algodón BT y RR y están en la fase final de un acelerado proceso de aprobación cinco variedades de maíz transgénico. También, la multinacional canadiense, líder mundial en producción de aluminio, Río Tinto Alcán, se apresta para ser un parásito que sobreviva a costa del pueblo paraguayo, con intenciones de consumir energía hidroeléctrica subsidiada que terminarán pagando el trabajador y la trabajadora a través de sus facturas de consumo de corriente eléctrica, sin mencionar los mayores costos ambientales y sociales que esto llegará a significar.
Pero el gobierno golpista no ha tenido un día de paz. La resistencia se traduce en protestas en las calles de la ciudad y movilizaciones, cortes de ruta y algunas ocupaciones en el campo. Si en algo beneficia esta coyuntura es en el acento que ponen los sectores organizados en la unidad y en la unificación de criterios contra el gobierno usurpador. Esta rearticulación surgió de merecidas autocríticas y de la reflexión acerca del letargo provocado por las facilidades que el acceso a la democracia implicó. El periodo de cambio no sirvió para la depuración de los vicios, el tiempo ha sido corto; sirvió, sí, para que una ciudadanía descontenta tomara conciencia de la situación y se animara a la protesta en las redes sociales, en las marchas, hermanada con el movimiento mundial de los indignados, en las acciones de resistencia como lo son los espacios de intercambio de semillas nativas y criollas o el debate instalado en las universidades sobre el peligro que acarrean los transgénicos y la amenaza creciente a nuestra Soberanía Alimentaria.
Pese a las acciones puntuales de resistencia y la unidad como un conato de respuesta colectiva de defensa de los intereses difusos y mayoritarios, no se ha alcanzado todavía el grado de conciencia suficiente para convocar a todos los sectores bajo una misma bandera: estudiantes, campesinado, indígenas, mujeres, sindicatos, etcétera, cada cual aporta su granito como puede y desde el espacio en que se mueve.
Las aguas, sin embargo, tienden a hervir todavía más. En puertas tenemos las elecciones presidenciales (abril de 2013) y el gobierno ilegítimo de Federico Franco quiere dejar la mesa puesta a las transnacionales, a través de la aprobación de decretos o leyes avaladas por el Parlamento burgués que se perpetúa en el poder constituyendo una auténtica dictadura. Sólo la unidad en la lucha y una verdadera convicción de que la clase trabajadora en el Paraguay se merece una sociedad mejor, permitirá dar vuelta a esta página vergonzosa de nuestra sufriente democracia.
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri)
Fuente:
Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 75
