SANTIAGO. “Chile sin transgénicos” es la consigna de opositores a un polémico convenio internacional aprobado en el Senado chileno para proteger a creadores de semillas modificadas genéticamente, que aún debe ser promulgado y que para sus detractores dañará a productores locales y comunidades indígenas.
por AFP
Organizaciones contrarias a la iniciativa protestaron en los últimos días en Santiago, en rechazo a la aprobación el pasado 11 de mayo en el Senado del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91) .
La normativa protege a los llamados ’obtentores’ o dueños de la propiedad intelectual de una semilla que fue creada o modificada genéticamente, asegurándoles el pago por concepto de patente por parte de quienes las utilicen.
El pago se extiende también al producto de las cosechas, es decir, los agricultores no pueden guardar las semillas de sus cultivos y deben comprarlas año a año.
La promulgación de la normativa se mantiene no obstante en suspenso, tras la presentación por parte de legisladores opositores de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) -que vela por la legalidad de las leyes- y la aprobación de una ley general de Obtentores Vegetales que se tramita a paso lento en el Congreso.
La presentación ante el TC se basa en que el convenio vulnera los derechos de propiedad de pequeños campesinos indígenas, que al quedar directamente afectados debieron ser consultados, según establece la Constitución.
“Hemos recurrido al TC, porque este tratado impedirá a los campesinos guardar semillas y permitirá la venta, a través de las multinacionales, de semillas híbridas y transgénicas en el país” , declaró a la AFP el senador Jaime Quintana, del opositor Partido Por la Democracia (PPD) .
El convenio está incluido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Chile firmó en 2003 con Estados Unidos, y desde esa fecha estaba pendiente su aprobación.
Sus opositores estiman que afecta a los agricultores locales y a pueblos originarios que subsisten gracias a la agricultura, reforzando el monopolio de grandes empresas que experimentan con semillas transgénicas, cuyos efectos en el ser humano aún no han sido determinados.
Mientras que el Gobierno defiende la iniciativa, al estimar que proporciona seguridad jurídica a empresas creadoras de nuevas especies, cuyo desarrollo en el país permitirá la “modernización y la competitividad” de la agricultura chilena al mejorar su rendimiento.
Desde su óptica no pone en riesgo a los cultivos autóctonos o endémicos, porque protege sólo “los derechos de las personas o empresas que obtengan variedades vegetales nuevas para el sector agrícola” , según el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.
“Con convenios como el UPOV-91 generalmente se da un monopolio natural, ya que las empresas se instalan y compran semillas locales y ofrecen sólo las suyas a precios que ellos quieren y ponen en riesgo la salud de quienes las consumen” , explicó a la AFP , Iván Santandreu de la organización ’Chile Sin Transgénicos’.
“Las semillas transgénicas se expandieron en países como Argentina, Canadá o India donde aumentó la tasa de aborto o niños con malformaciones” , explicó por su parte a la AFP Gonzalo Guiloff, de ’Chile Organizado’, otra organización contraria a los transgénicos que el domingo pasado protestaba contra su uso al frente del palacio presidencial.
Los opositores han fijado su atención especialmente sobre la multinacional estadounidense Monsanto, que controla el 90% del mercado mundial de la semilla transgénica; y la chilena Semillas Baer, propiedad de la familia de la actual ministra vocera del Gobierno, Ena Von Baer, y que ha patentado la quinua, un cereal andino.
En otro frente, los opositores piden conocer la ubicación de todos los cultivos transgénicos en el país, a través de una presentación Consejo para la Transparencia, que garantiza el acceso a la información pública.
2 de Junio de 2011 19:44 fuente ABC COLOR
por AFP
Organizaciones contrarias a la iniciativa protestaron en los últimos días en Santiago, en rechazo a la aprobación el pasado 11 de mayo en el Senado del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91) .
La normativa protege a los llamados ’obtentores’ o dueños de la propiedad intelectual de una semilla que fue creada o modificada genéticamente, asegurándoles el pago por concepto de patente por parte de quienes las utilicen.
El pago se extiende también al producto de las cosechas, es decir, los agricultores no pueden guardar las semillas de sus cultivos y deben comprarlas año a año.
La promulgación de la normativa se mantiene no obstante en suspenso, tras la presentación por parte de legisladores opositores de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) -que vela por la legalidad de las leyes- y la aprobación de una ley general de Obtentores Vegetales que se tramita a paso lento en el Congreso.
La presentación ante el TC se basa en que el convenio vulnera los derechos de propiedad de pequeños campesinos indígenas, que al quedar directamente afectados debieron ser consultados, según establece la Constitución.
“Hemos recurrido al TC, porque este tratado impedirá a los campesinos guardar semillas y permitirá la venta, a través de las multinacionales, de semillas híbridas y transgénicas en el país” , declaró a la AFP el senador Jaime Quintana, del opositor Partido Por la Democracia (PPD) .
El convenio está incluido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Chile firmó en 2003 con Estados Unidos, y desde esa fecha estaba pendiente su aprobación.
Sus opositores estiman que afecta a los agricultores locales y a pueblos originarios que subsisten gracias a la agricultura, reforzando el monopolio de grandes empresas que experimentan con semillas transgénicas, cuyos efectos en el ser humano aún no han sido determinados.
Mientras que el Gobierno defiende la iniciativa, al estimar que proporciona seguridad jurídica a empresas creadoras de nuevas especies, cuyo desarrollo en el país permitirá la “modernización y la competitividad” de la agricultura chilena al mejorar su rendimiento.
Desde su óptica no pone en riesgo a los cultivos autóctonos o endémicos, porque protege sólo “los derechos de las personas o empresas que obtengan variedades vegetales nuevas para el sector agrícola” , según el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.
“Con convenios como el UPOV-91 generalmente se da un monopolio natural, ya que las empresas se instalan y compran semillas locales y ofrecen sólo las suyas a precios que ellos quieren y ponen en riesgo la salud de quienes las consumen” , explicó a la AFP , Iván Santandreu de la organización ’Chile Sin Transgénicos’.
“Las semillas transgénicas se expandieron en países como Argentina, Canadá o India donde aumentó la tasa de aborto o niños con malformaciones” , explicó por su parte a la AFP Gonzalo Guiloff, de ’Chile Organizado’, otra organización contraria a los transgénicos que el domingo pasado protestaba contra su uso al frente del palacio presidencial.
Los opositores han fijado su atención especialmente sobre la multinacional estadounidense Monsanto, que controla el 90% del mercado mundial de la semilla transgénica; y la chilena Semillas Baer, propiedad de la familia de la actual ministra vocera del Gobierno, Ena Von Baer, y que ha patentado la quinua, un cereal andino.
En otro frente, los opositores piden conocer la ubicación de todos los cultivos transgénicos en el país, a través de una presentación Consejo para la Transparencia, que garantiza el acceso a la información pública.
2 de Junio de 2011 19:44 fuente ABC COLOR
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