El neogolpismo como estrategia transnacional-"poligárquica" contra la democracia paraguaya
“...el 'nuevo golpismo' está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso” (Tokatlian, Juan Gabriel, 2009, “Neogolpismo”, en el diario Página 12 del 13 de julio de 2009, Buenos Aires).
En
Paraguay, la débil pseudodemocracia ha sido nuevamente herida de
gravedad, en la que constituye la más escandalosa crisis política desde
el fin de la tiranía militar de Alfredo Stroessner hace 23 años
(1954-1989).
Los
sucesos de junio, que tuvieron su punto más álgido en la destitución de
Fernando Lugo como Presidente de la República, constituyen la
constatación más directa de que las clases oligárquicas se unen a pesar
de las diferencias cuando sus intereses particulares, sus explotaciones,
sus negocios o sus prácticas de corrupción pueden verse afectados por
lo menos mínimamente. Como sentenciara el sociólogo alemán radicado en
México Heinz Dieterich: “Si en determinadas circunstancias las mayorías
logran elegir un gobierno verdaderamente popular y democrático, las
clases dominantes desconocen sus propias reglas constitucionales y dan
un golpe de Estado… la democracia formal es sólo para los amigos de la
burguesía”
El “golpe parlamentario” paraguayo es el más reciente fruto de la nueva estrategia política, bautizada “neogolpismo”. Un nuevo fantasma que recorre el mundo, una novedosa manera de deponer
gobiernos legítimos, sobre todo a aquéllos que pretenden realizar
cambios sociales o afectar a las injustas estructuras económicas, o que
simplemente no se llevan bien con los poderes fácticos. Este mecanismo
ha sido practicado en diversas regiones del mundo pero en especial en
países latinoamericanos, como Venezuela (2002), Bolivia (2008), Ecuador
(2010) y el reconocido laboratorio de pruebas exitoso que constituyó
Honduras en 2009.
Para
el cambio de gobierno no se recurre en primer término a la violencia
directa, sino más bien a la violencia estructural, gracias a diversas
fuerzas nacionales e internacionales, las cuales movilizan todos los
recursos económicos, logísticos y humanos a su disposición , buscando
tumbar a los mandatarios democráticos mediante supuestos procesos
constitucionales; es decir, sucede no ya con la dirección de militares
alzados, sino antes que nada por civiles y desde las mismas
instituciones democráticas. Al respecto, el reconocido politólogo Marcos
Roitman, al analizar el caso paraguayo escribió que: “Hoy no es
necesario que las fuerzas armadas estén en primera línea. Los golpes de
Estados pueden remitirse a los parlamentos y desbancar gobiernos
legítimos. No por ello dejan de ser golpes de Estado”.
Es decir, las armas no marchan adelante, sino otras formas de violencia
menos ilegales, la de las estructuras, la violencia simbólica (desde
los medios de masas y la manipulación) y la violencia psicológica
(confundiendo lo más posible a la sociedad).
Los
neogolpistas se valen de actos de diversa índole que en un inicio
conmocionan a la opinión pública (criminales, políticos, económicos,
sociales, etc.), y así se llega a coyunturas de “crisis” o de “shock Por supuesto, los hacedores aparecerán en el momento justo, como los
redentores, con el supuesto fin de rectificar el rumbo de la democracia,
resolver severos conflictos internos o acabar con impasses. Entonces, aunque las crisis fueran provocadas o exacerbadas por agentes
contratados por los mismos golpistas, los acontecimientos negativos son
presentados como “responsabilidad” del gobierno en funciones, el cual
“no puede lograr el orden ni la estabilidad en la nación”. En Paraguay,
la matanza entre campesinos y policías en Curuguaty unos días antes fue
esa excusa destinada a confundir a la opinión pública y a justificar las
posteriores graves violaciones del derecho y la democracia.
Entonces,
un nuevo gobierno toma posesión y es ungido por vías aparentemente
“constitucionales”, “legales” y “democráticas”; pero la legalidad lo es
solo a los ojos de quienes interpretan a su capricho y conveniencia las
leyes, el alcance de los principios democráticos y los propios derechos
humanos. Porque en verdad, ninguna persona con dos dedos de frente puede
llegar a justificar racionalmente (y menos legalmente) los métodos ni
las muy especiales formas de actuar de los neogolpistas; salvo cuando la
información es severamente ocultada y manipulada, realidad que también
constituye un elemento clave en este nuevo modus operandi, y que se manifiesta en diversos grados, gracias a los cómplices medios empresariales de masas.
Otra
característica importante del neogolpismo es que cuenta con la
aprobación de los sectores poderosos de las sociedades, o al menos de
una parte importante de estos. Por esto mismo, muchos medios de
comunicación tienden a apoyarlos, erigiendo (con diversos títulos y
adjetivos calificativos) como los salvadores de la democracia o del país
a quienes en realidad son usurpadores antidemocráticos del poder. En el
ejemplo paraguayo los golpistas nos han sorprendido con una increíble
paradoja al llamarse a sí mismos “los promotores de la soberanía
nacional”, los aliados contra las alianzas internacionales
anti-paraguayas; esto, por ser justamente ellos los entreguistas de la
tierra paraguaya al capital extranjero y a la intervención de fuerzas
extrañas.
Este neogolpismo está inaugurando nuevas épocas de opresión solapada en Latinoamérica, no ya con dictaduras militares ni dictablandas, sino con siniestras pero más sutiles manipulaciones de los pueblos y de las instituciones democráticas. Una nueva plutocracia paisana
en la que solo tienen derecho a competir por el gobierno las clases
poderosas y sus representantes, una verdadera “poligarquía”. Es decir,
una oligarquía en la que el poder y el gobierno están abiertos a la
disputa, pero solo para los pudientes o plutócratas.
En
caso de que partidos o clases afines a los más pobres o tendientes a
combatir las injusticias sociales ganen elecciones, tarde o temprano los
poligárquicos encontrarán la excusa o crearán la “coyuntura perfecta”
para intentar sacarlos de en medio y poner a gente más afín a sus
intereses, sin importar de qué partido o grupo de poder procedan
originalmente. Muchos paraguayos, dicen que los colorados (del partido
político ANR) son los más divididos, pero que se siempre se juntan y
olvidan temporalmente sus peleas en los períodos electorales, para así
garantizar su permanencia en los puestos gubernamentales (aunque la
excepción más importante permitió la caída del partido del gobierno en
el 2008). Hoy hemos aprendido que lo mismo sucede cuando las clases más
favorecidas dejan a un lado sus más grandes disputas, odios y
enemistades si les tocan sus injustos privilegios o hay peligro de que
esto suceda. Los empresarios y políticos corruptos se alían sólidamente
cada vez que los negocios turbios, la explotación humana y/o los grandes
beneficios de sus actos corren peligro; entonces ya no existen los
partidos políticos ni las diferencias ideológicas o económicas (pasan a
segundo plano), sino solamente los intereses de clase.
Las oligarquías neogolpistas paraguayas
El
artículo 225 de la Constitución Nacional paraguaya faculta al Congreso
para enjuiciar políticamente al Presidente del país, ministros de la
Corte Suprema y otros altos funcionarios “por mal desempeño de sus
funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por
delitos comunes”. El proceso debe iniciarse con una acusación de la
Cámara de Diputados (con mayoría de dos tercios) y concluir con el
“juicio público” en el Senado, que sólo podría proceder a la destitución
si contase con dos tercios de votos favorables. Pero no es la
democracia paraguaya una del tipo parlamentario, sino que
presidencialista, el mismo texto nacional reza entre otras cosas: “El
Presidente de la República y el Vicepresidente serán elegidos conjunta y
directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos...” (Art. 230).
Se entiende que el Congreso sólo puede destituir por motivos bien
fundados, y en casos excepcionales; sin embargo, esta herramienta ha
sido utilizada como la eterna espada de Damocles sobre los presidentes
paraguayos.
El
juicio político a Lugo, cuarto en la historia paraguaya y primero en
acabar con una destitución, fue solo un montaje apresurado para
justificar su remoción, con guión ya pre escrito. Este juicio exprés violó
un gran número de garantías procesales, empezando por el derecho a la
defensa y la falta de bases probatorias (se le dieron solo dos horas
para defenderse de cinco acusaciones, las acusaciones no estaban
respaldadas por pruebas y el tiempo para prepararla fue inferior a 24
horas); y siguiendo, por el derecho a un juicio justo, la presunción de
inocencia y otros. Los artífices del juicio argumentaron que se trataba
de un acto político, olvidándose de que ningún juicio por más “político”
que fuere puede violar principios garantizados en la propia
Constitución (arts. 16 y 17) como derechos humanos, practicados incluso
desde la existencia del Código de Hammurabi. Por supuesto, el debate público,
imprescindible en cualquier “juicio político” estuvo absolutamente
ausente; lo que pensara, opinara, votara o creyera la mayoría del pueblo
era lo de menos.
El
apresuramiento en “juzgar” habría tenido dos motivos principales:
impedir la intervención internacional (que suele ser muy lenta) y evitar
una reacción mayor de la ciudadanía; así, en menos de dos días se
acusó, se escuchó a medias a los defensores y se destituyó a un
Presidente de la República. Lo que menos importaba era la voluntad
popular expresada en las urnas o en las calles. De hecho, una encuesta
realizada el día antes del juicio demostraba que el 67% de la población
estaba en contra del mismo Más
del 80% de los diputados y senadores acordaron contar con el pueblo,
una prueba de que los intereses ciudadanos no están representados en
muchos parlamentos, sobre todo en este, considerado como el más corrupto
de América y cuyos integrantes son llamados por sus compatriotas “dipuchorros y senarratas” (dipu y sena-ladrones).
Por
supuesto los votos dentro del senado -émulo de las peores épocas de
Roma- ya estaban cantados incluso antes de formularse la acusación. De
paso los diputados acusadores no presentaron ni una sola prueba, aparte
de burdas fotocopias de recortes de diarios; en un texto con graves
errores, considerado por muchos como un mero panfleto propagandístico
repleto de contradicciones y falsas acusaciones. El juez español
Baltasar Garzón, distinguido defensor de los derechos humanos, se
refirió al juicio como “un esperpento que cuestiona la solidez
democrática de la región”, un acto realizado “...de forma sorpresiva,
con nocturnidad y alevosía [que] podría haber esperado a que los
ciudadanos emitan su opinión”
Los
precedentes ya estaban en cierta forma hechos desde que en 1999 se
juzgó también con apresuramiento al Presidente Raúl Cubas Grau (solo que
le dieron unos días más para defenderse, pero en medio de un
levantamiento popular a punto de convertirse en guerra civil), hecho que
dio pie a posteriores juicios a jueces de la Corte Suprema; siempre
mediando intereses políticos partidistas antes que los constitucionales o
populares. Es cierto, muchos callaron ante estos “juicios políticos”
por los malos antecedentes de los acusados o por la inestabilidad a la
que habían llevado a la República; sin embargo, la lección es que cuando
a alguien no se le garantiza un justo juicio, a pesar de toda la culpa
que pueda tener, se está dando pie a una severa violación constitucional
que a todos afectará eventualmente. ¿Qué nos espera en el futuro?, pues
así como se están dando las cosas, en Paraguay los presidentes seguirán
a merced de los parlamentos, que se constituyen en cuerpos colegiados
cuasi dictatoriales y con el poder de hacer prácticamente lo que se les
antoje. Mientras, muchos ciudadanos todavía creerán que actos como estos
son válidos solo por contar con la aprobación de ciertas mayorías (en
este caso de los senadores y diputados), olvidando que unos de los
principios fundamentales de la democracia son el respeto a las minorías y
la existencia de juicios justos (incluyendo a la igualdad ante la ley y
la presunción de inocencia, entre otros).
Soberanía violada
El
levantamiento del Congreso Nacional en Paraguay contra Fernando Lugo
mediando una grosera violación de los principios democráticos y los
derechos humanos, se da en un contexto de entrega de la soberanía
nacional al capital extranjero. Es ya de público conocimiento que los
intereses de las transnacionales Río Tinto Alcán (con capital
mayoritario canadiense), Monsanto y Cargill se hallan vinculados a los
perpetradores del neogolpe parlamentario paraguayo, y que como la
izquierda estaba posicionando bien a sus precandidatos de cara a las
elecciones generales de 2013, las cosas no pintaban bien para estas
empresas.
El
caso de la transnacional Río Tinto Alcán ha sido estudiado y ya está
siendo debatido en Paraguay, se trata de la segunda mayor fundidora de
aluminio del mundo y se está acusada de numerosas violaciones de los
derechos humanos y laborales en todo el mundo. Dicha empresa desde hace
un tiempo deseaba instalarse en el país, para lo cual exigía como
condición la venta de electricidad a precios ridículos (subsidiados);
recordemos que Paraguay produce varias veces la cantidad de energía que
necesita, gracias a las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretä.
Casualmente Francisco Rivas, ministro de Industria y Comercio de Lugo,
es uno de los promotores de la instalación de esta empresa, y también
uno de los pocos confirmados en su cargo por Franco; asimismo Diego
Zavala, considerado como uno de los lobistas de la empresa canadiense,
es el nuevo Viceministro de Comercio. Río Tinto generará empleos pero a
un costo significativo para el Estado paraguayo, de acuerdo con los
estudios publicados por Silvio Núñez, serían de 700 a 1.000 millones de
dólares solamente los gastos necesarios en obras públicas, más un
subsidio equivalente a 165 millones de dólares que llegará a 12.000
millones de dólares en veinte años
Los
agronegocios y agrogrotóxicos tampoco son ajenos a los sucesos, con
empresas con los ojos puestos en la República como Monsanto, Cargill y
Syngenta. En 2005 se aprobó una Ley de Seguridad Fronteriza, la cual fue
reglamentada por Lugo en octubre de 2011; la misma prohíbe
asentamientos de extranjeros a menos de 50 km de la frontera, una medida
que afecta directamente a los llamados brasiguayos,
productores sojeros instalados en territorio paraguayo y vinculados
también a las transnacionales transgénicas. Meses después se aprobó en
la Cámara de Diputados la Ley de Bioseguridad, una paradójica norma que
fomenta a los transgénicos, en particular en la soja. Además, un
documento llamado “Paraguay: Ocupación corporativa y Tejido de
Resistencia de los Pueblos” vincula
los intereses de diversas empresas transnacionales con la explotación
del Chaco paraguayo, interesados en “la producción de agrocombustibles y
energía a partir de la soja transgénica”. Al respecto, Lugo cometió el
“error” de romper el convenio que permitía establecer en la región bases
militares estadounidenses.
Con
todo esto, al final solo se está siguiendo un procedimiento enseñado en
los manuales de la contrainsurgencia, presentando a los responsables de
un grave daño a la patria como los apóstoles de la lucha contra el
mismo. De esta manera los futuros negocios que corrían riesgo vuelven a
su cauce normal de consolidación con el gobierno “soberano” de Franco.
No
es de extrañar que las propias fuerzas pro golpistas hayan lanzado
diversas páginas en Internet con el nombre de “Paraguay soberano”,
ocultando que están apoyando a los que van a perjudicar por décadas al
Estado paraguayo, favoreciendo al capital extranjero que dejará solo
buenos beneficios a cierto reducido grupo de paraguayos (los mismos de
siempre), pero sobre todo a millonarios de otros países. En dichas
páginas se reproducen noticias no siempre completas ni imparciales,
mientras que sean “antiluguistas”; se presentan opiniones a favor, así
sea que provengan del mismísimo Collor de Mello , y
se incita al odio y a la división entre compatriotas. En el caso de la
versión en Facebook -muy probablemente repleta de comentarios y
participaciones de personas pagadas por los franquistas- los miembros se
la pasan promoviendo la discriminación, criticando sin pudor ni
vergüenza de manera xenófoba y racista a los argentinos, líderes de
otros países, musulmanes, socialistas (zurdos los llaman), chavistas y
todo aquél que se pronuncie contra el golpe parlamentario o presente
ciertas tendencias de izquierda. Su intención es presentar al nuevo
gobierno como víctima de una conjura internacional y como defensor de la
patria; aunque, al final caen en el más severo “ombliguismo” ciego.
Antecedentes, una democracia nunca real
Los
acontecimientos recientes solo pueden comprenderse bien a la luz de los
sucesos anteriores, de la historia de la política en Paraguay. Una
historia repleta de traiciones, fraudes, golpes, abusos de poder y
usurpaciones; con más golpes de Estado que elecciones libres. Y aunque
hace 12 años parecía que tenía lugar el último intento de golpe, los
mismos han resurgido con la modalidad neogolpista, y ya sin recurrir a
las fuerzas armadas o policías.
Paraguay
es una república donde cinco de los seis presidentes postdictadura o de
la era de “transición a la democracia” han debido enfrentar golpes de Estado y/o juicios políticos.
Alfredo Stroessner había sido derrocado por un golpe militar el 2 de
febrero de 1989 (por la misma vía había subido casi 35 años atrás en una
maniobra contra un presidente de su mismo partido), su propio
correligionario y consuegro, el general Andrés Rodríguez movilizó a
parte del ejército y luego asumió como Presidente hasta el fin del
mandato en agosto de 1993. Durante su gobierno se redactó (con amplia
mayoría de su Partido Colorado o ANR) la actual Constitución Nacional,
aprobada casi al final de su mandato, en junio de 1992. En su momento,
esta constituyó una de las más avanzadas de la región; sin embargo,
aunque es mejor que textos anteriores, tiene un buen número de
deficiencias, contradicciones y tendencias no muy populares.
El
siguiente Presidente fue Juan Carlos Wasmosy, quien enfrentó una
sedición militar del general Lino Oviedo en 1996; a Wasmosy siguió el
“oviedista” Raúl Cubas Grau, quien renunció antes de ser destituido por
un juicio político en el congreso (1999), durante los sucesos del marzo
paraguayo . El Presidente del Congreso, Luis González Macchi, asumió en ese momento para completar el período hasta 2008 y
encabezó un gobierno desorganizado e ineficiente, que estuvo vinculado a
numerosos casos de corrupción y que tuvo que enfrentar un intento de
golpe de Estado militar en el año 2000, posiblemente dirigido por Lino
Oviedo. Asimismo, el considerado como uno de los más inoperantes
presidentes del país, enfrentó un juicio político (el tercero en la
historia nacional) en los últimos meses de su mandato, que no lo
destituyó solo porque se alcanzó la mayoría, pero no la necesaria de dos
tercios.
El
colorado Nicanor Duarte Frutos asume luego como Presidente, desde
agosto de 2003, y se convertiría cinco años después en el último de la
ANR tras 62 años del partido encabezando gobiernos de la República; a
través de pseudodemócratas, dictadores, dirigentes populistas y
neoliberales. En 2007, se llevaron a cabo las elecciones internas de su
partido, y en la misma resultó triunfadora su protegida y dirigida
Blanca Ovelar por un margen de solo 0,45%, en una jornada donde el
fraude, la compra de votos y las irregularidades fueron la constante;
por supuesto que no hubo recuento y que el tribunal partidario fue, no
sin motivos, acusado de espurio. Ese mismo año el Partido Liberal eligió
a quien acompañaría al candidato independiente Fernando Lugo como
vicepresidente, Federico Franco, quien sería el supuesto ganador ante
Mateo Balmelli, por la escasa diferencia de 646 votos (entre más de
300.000). Así, fueron las internas de los dos grandes partidos
paraguayos previas a las elecciones generales de 2008, unos “fingidos
semiempates” frutos de evidentes fraudes y manipulaciones.
La
dupla Lugo-Franco ganó las últimas elecciones (2008) a la candidata
colorada, para que por primera vez en la historia del país un presidente
entregara el poder a otro de un partido diferente sin mediar
revoluciones o golpes. No obstante, Franco y muchos sectores liberales
nunca se contentaron con la parte del gobierno que les tocó e intentaron
diversas maniobras para sacar a Lugo del medio, hasta que lo
consiguieron; con el apoyo del Partido Colorado, también deseoso de
perturbar la alianza triunfadora que lo sacó del poder, la de las
izquierdas, movimientos sociales y el Partido Liberal.
Faltando
poco para las elecciones de 2013 se desató la crisis en el Partido
Liberal, tras la consulta popular realizada por los candidatos a la
presidencia, con el fin de evitar una interna partidaria y llegar “más
unidos”. Nuevamente el ganador lo hizo por estrecho margen y en medio de
numerosas denuncias de fraude. Blas Llano ,
Presidente del partido y uno de los pilares de Lugo, habría logrado el
primer lugar frente a Efraín Alegre (un antiguo aliado y exministro de
Lugo); el vicepresidente Federico Franco, quien terminó en tercer lugar;
y otros dos candidatos que quedaron muy lejos.
La
crisis empezó un poco después, el luctuoso 21 de junio, cuando la
policía, bajo las órdenes de fiscales del Poder Judicial, se acercaron a
negociar con campesinos que, en protesta por la falta de tierras para
cultivar, se hallaban invadiendo un terreno en Morombí, cerca de la
ciudad de Curuguaty a unos 240 kilómetros de la capital. La respuesta
directa fueron disparos de armas de fuego; y aunque aún no se sabe
quiénes empezaron los mismos, hay grandes sospechas de que habrían sido
infiltrados y/o francotiradores ajenos a los hechos. Murieron 11
policías y 6 campesinos, y las fuertes críticas en el país llevaron a la
renuncia del jefe de la policía y del Ministro del Interior Carlos
Filizzola, exalcalde de Asunción (2001-2006) y miembro del senado por un
partido socialista (PPS). Las versiones de “montaje” con el fin de
desestabilizar al gobierno de Lugo surgieron desde el comienzo; aún así,
el Presidente cometió el error de nombrar a un colorado como nuevo
ministro, el ex Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla,
allegado al exministro de Emergencia Nacional Camilo Soares, y acusado
de ayudarlo durante el proceso que se le sigue por denuncias de
corrupción (por perjuicio patrimonial de 1.224 millones de guaraníes
debido a compras sobrefacturadas en su Secretaría) , pero también acusado de promover al menos mil imputaciones a luchadores sociales y de violaciones de los derechos humanos Casualmente las tierras estaban en poder de Blas N. Riquelme, exsenador
y expresidente del Partido Colorado, el núcleo que inició el “juicio
político”; poco después, se descubriría que dichas tierras en realidad
pertenecían al Estado paraguayo y debían destinarse a la reforma
agraria.
Era
una cuestión de tiempo que el Presidente Lugo pagara muy caros sus
errores, debidos tal vez a su inexperiencia política y a la mala
elección de varios de sus colaboradores. Su último gran aliado en el
Partido Liberal, Blas Llano, terminó por realizar una alianza velada con
los colorados y varios de los principales dirigentes de su partido para
urdir la trama del derrocamiento aprovechando el shock producido por la balacera en Curuguaty.
Los
liberales lograron volver al poder en un momento clave para controlar
los recursos del Estado, nueve meses y medio antes de las elecciones
presidenciales y legislativas. No está de más decir que el Partido
Liberal nunca llegó a la primera magistratura del país a través de
elecciones en más de 120 años de existencia y que es el eterno segundón
en la era democrática reciente; incluso en 2008, cuando ganó Lugo, los
candidatos a senadores liberales obtuvieron menos votos que los
colorados.
El
actual “Presidente” fruto de un golpe parlamentario es el mismo
Federico Franco cuyo hermano Yoyito Franco logró el apoyo del golpista
Lino Oviedo para convertirse en vicepresidente paraguayo en el año 2000;
el mismo Federico que en su asunción tuvo entre sus invitados de honor y
en primera fila al golpista y tenebroso general Oviedo , y nombró a una de las fieles de éste como ministra de Defensa; un
hombre que quedó hace unos meses en tercer lugar en la consulta de su
partido; que ha tomado parte en algunos de los 24 intentos de juicio
político realizados en menos de cuatro años contra Lugo y que se
convirtió en el primer Presidente liberal luego de 73 años, por
supuesto, no gracias a las urnas ni al clamor popular.
Es
un Presidente ilegítimo que goza del apoyo de las mayorías del
Parlamento y de la prensa, pero no del pueblo. Porque la gente está
despierta, no se cree ni confía en los medios de la plutocracia
asuncena, que sentados en sus gabinetes de lujo quieren imponer la
verdad a través de la radio, televisión y prensa; ocupados en buscar mil
y una vueltas a la realidad para justificar sus fechorías pasadas y
futuras. Pero entre estos están los mismos medios que apoyaron a los
oviedistas de 1999, aquéllos que condenaron el acercamiento de Paraguay a
Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros gobiernos progresistas; y, sobre
todo, aquellos que fantasean con un nuevo conflicto bélico del Chaco,
los "señores de la guerra" dispuestos a sembrar la semilla de la
discordia a toda costa con el hermano país de Bolivia. Estos son medios
que no se distinguen precisamente por defender los intereses de los
campesinos o más pobres, en un país donde el 2% de los propietarios
tiene el 85% de la tierra.
La estrategia pacifista
Frauderico Franco,
como se le conoce en las calles, es el fruto de un proceso injusto,
vergonzoso y que será condenado por la historia con toda su severidad;
un juicio a lo “soviético” que se hizo al Presidente legítimamente
elegido en Paraguay y cuya remoción nunca fue apoyada por la mayoría de
la ciudadanía. Por esto muchos paraguayos, movimientos sociales y
políticos, han empezado a invocar (no sin razón) un artículo
constitucional que hasta el momento se hallaba sólo para la anécdota en
el texto, el 138° "De la validez del orden jurídico” que establece: “Se
autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los
medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de
personas, invocando cualquier principio o representación contraria a
esta Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren
nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en
ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado
de su cumplimiento. Los Estados extranjeros que, por cualquier
circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar
ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno
usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de
la República del Paraguay” .
Este artículo da pie incluso a la rebelión armada incluso a pesar del
pacifismo expresado en otras secciones de la ley fundamental paraguaya.
La doctrina del derecho a la rebelión se remonta a muchos siglos
atrás y ha formado parte de numerosos textos legales, inspirados
inicialmente por Santo Tomás de Aquino. Esta, fue desarrollada
posteriormente por otros pensadores y se ejemplifica en la rebelión
contra los malos gobiernos, en la destitución de los tiranos, en el tiranicidio y en la guerra justa, entre otros.
Afortunadamente Lugo optó por el método no más eficaz a corto plazo, pero tal vez el más conveniente y justo: la lucha pacífica;
además, llamando a una resistencia sin violencia está reivindicándose
como un buen líder para momentos difíciles. Fácil y tal vez mucho más
eficaz hubiera sido convocar a la rebelión o haber intentado cercar el
local del congreso (cuya falta le criticó Atilio Borón). Sin embargo,
suponemos que en este caso pensó si vale la pena la vida de compatriotas
a cambio de un año más en el gobierno. Lo que sí se le puede criticar
es haber reconocido un juicio que no es tal (como él mismo expresó) y no
haberse negado a abandonar el palacio de gobierno.
La resistencia civil
es un camino largo que además requiere de mucha disciplina, no se
aprende a transitarlo en un día y no se logran grandes resultados
(generalmente) en poco tiempo. Sin embargo, las vías pacíficas dan una
legitimidad insospechada y casi inalcanzable a quienes las practican,
porque los que luchan por un futuro mejor o por una patria más grande no
pueden ni deben hacerlo a través de la violencia; pues la violencia se
autorreproduce en espirales ascendentes, así, cualquier provocación se
convierte en golpe, el golpe en más golpes y estos en balas y/o muerte.
Cualquiera
no puede organizar o formar parte de un movimiento de resistencia civil
o de lucha no violenta, y mucho menos hacerlo a la perfección, pero es
un intento que vale la pena y que promete mucho si se está a favor de la
justicia. No decimos que Lugo esté encabezando un movimiento
esencialmente no violento, pero esa ha sido una característica
constante, lo cual es una muy buena noticia. La cuestión es que ellos se
den cuenta de lo que pueden lograr siguiendo así y que mantengan su
legitimidad recurriendo siempre a métodos pacíficos, los cuales
desarticulen la violencia de los usurpadores.
Los
ejemplos de no violencia del movimiento “Paraguay resiste” (formado por
Lugo), son las manifestaciones y marchas en cientos de lugares de la
capital y del interior país (en la historia reciente raras veces se
dieron protestas en el interior que no fueran organizadas por
campesinos); el llamado al boicot contra algunos empresarios golpistas;
las pintadas contra el golpe en muros, billetes, calles, etc. y la toma
simbólica de la calle frente a la TV pública: un medio de comunicación
con apenas unos meses en el aire y cuya esencia “autónoma” está siendo
violada por la intromisión de Federico Franco y su gente. La estación es
prácticamente el único medio masivo no electrónico que presenta la otra
realidad, lo que está sucediendo que los franquistas no quieren que se
sepa. Por supuesto se teme que la represión y la censura crezcan
exponencialmente hasta intentar callar la voz alternativa de este canal y
de las radios comunitarias paraguayas.
Combatirlos
con resistencia civil pacífica está doliendo mucho a los golpistas
poligárquicos, porque saben que por ahora seguirán en el poder pero cada
vez tienen más rechazo de la gente y sus tradicionales partidos están
perdiendo no solo respaldo sino también fuerza, votos y poder de
convocatoria; por ejemplo, ninguna manifestación significativa con más
de unas pocas personas fue hasta el momento realizada a favor de Franco,
a pesar del llamado de los liberales. Ya hace rato han quedado sin
legitimidad y sin valor, y hoy también han demostrado que la legalidad
no les interesa más que como un falso ropaje que les revestirá de
acuerdo con sus propias torcidas interpretaciones de la ley.
Los
paraguayos progresistas, los de izquierda, los socialistas o como
quiera que se llamen están cambiando, porque están empezando a pensar a
largo plazo, no sólo ya en el aquí y ahora; por eso estuvieron a la
altura de las circunstancias y respondieron bien a la provocación a
enfrentamientos, donde los únicos que iban a perder eran los civiles y
los que serían tomados como carne de cañón. Un enfrentamiento, sea del
tipo de fuere, iba a terminar en sangre, muerte y lágrimas. La policía y
fuerzas armadas son instituciones todavía muy teñidas de rojo (el color
de la ANR), donde el odio al comunismo (y a todo lo que se asemeje a la
izquierda) no se ha retirado del todo, donde la jerarquía aún es un
arma de los jefes para practicar actos de corrupción o para abusar de
los subalternos y donde muchos ven los derechos humanos como una piedra
en la labor diaria, como una excusa para proteger a los criminales.
La
sociedad paraguaya es una que ha venido desmilitarizándose en los
últimos veinte años, luchando contra la soberbia y prepotencia de
policías, militares y otros partidarios de dictaduras pasadas;
enfrentando intentos de golpes de Estado, robo de elecciones y todo tipo
de abusos de los poderes fácticos. No vale la pena retroceder a tiempos
de violencia, de guerrilla, de guerra civil y muerte entre
compatriotas; afortunadamente los luguistas han comprendido
perfectamente esto, que podría representar también la manera de pensar
de la mayoría de los paraguayos.
Pero la resistencia civil
requiere fuerza, disciplina y organización que difícilmente puede
lograr el movimiento, además su estrategia se cierne más hacia las
elecciones dentro de unos meses, elecciones que dicho sea de paso van a
tener en cada mesa de votación a un presidente y dos vocales: un
colorado, un liberal y uno del Partido Unace (oviedistas), tres de los
partidos que condenaron a Lugo. El panorama no es muy bueno para dicha
resistencia ni para el Frente Guasú (el nuevo partido luguista que reúne
a decenas de micropartidos de izquierda y organizaciones sociales);
pero el respaldo popular está
creciendo, hasta el punto de que muchos errores se le han perdonado a
Lugo a la luz de la reciente injusticia y cambio de fuerzas.
Paraguay
no debe convertirse en un segundo Honduras, es decir, en una victoria
de las fuerzas invasoras y comerciales, con un neogolpismo de la mano de
los asesinos de la soberanía y de la justicia. Lugo, si bien realizó
algunos cambios interesantes también tendió en diversas ocasiones la
mano a la derecha y a las oligarquías, y no fue suficientemente fuerte
para combatir la corrupción, promover necesarias reformas sociales o
luchar contra la desigualdad económica tan aguda. Encarrilado en su
política de “mbytépe poncho jurúpe” (en el centro, como boca del
poncho), encabezó un gobierno con ciertos tonos progresistas, pero
alejado de las organizaciones sociales, de los históricos movimientos
campesinos y de la ideología que “decían” sostener. Que él no contara
con parlamentarios, que no haya intentado hacer la necesaria reforma
agraria y que tampoco tuviera bases sociales firmes (por su propias
decisiones, en este caso) nos ha costado muy caro, pero al menos se ve
una luz de esperanza al final del túnel con el resurgimiento de la
juventud paraguaya que movilizada y pacífica está dispuesta a romper el
cerco de la poligarquía, la cual ataca con sus medios, con sus
golpistas, con su violencia y con su autoexclusión del mundo civilizado
democrático
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