Causalidad sin casualidad
Todo proceso social tiene sus causas, aunque generalmente se las
escruta cuando los hechos se consuman. Lo que no hay es casualidad. Este
es el caso del juicio político que llevó aceleradamente a Fernando Lugo
Méndez, Presidente de la República del Paraguay, a su destitución
parlamentaria el 22 de junio. Para algunos, se trató de un oscuro plan
pensado con antelación y para otros como resultado de su incapacidad en
el cargo, costándole una sanción ajustada a la Ley.
El
argumento del golpe contra Lugo, por parte de los sectores más
conservadores del Paraguay, se basó de inicio a fin en el cumplimiento
de una formalidad legal. Aun cuando la sanción constitucional al
Presidente
no tuvo legitimidad, tuvo curso legal ante un
Parlamento aunado en su contra y su debilidad política para sostener una
alianza de gobierno extremadamente frágil. En este sentido, el golpe
parlamentario del 22 de junio, en Paraguay, fue un
golpe total:
contó con el apoyo de todo el Congreso traduciendo intereses de clase en
una ofensiva política, revirtió un proceso de institucionalización del
Estado, que ya funcionaba con reglas de un orden legal obsoleto y,
finalmente, asaltó la voluntad popular -expresada en un gobierno
legítimo- sin una contestación social multitudinaria.
Apenas dos
semanas antes, una manifestación popular desnudaba la débil legitimidad
del Parlamento Nacional cuando estuvo a punto de aprobar una ampliación
presupuestaria a la Justicia Electoral para proveer fondos a operadores
políticos de los partidos representados en el Congreso. Se le sumó otra
manifestación del mismo tenor ante el éxito de los legisladores en
trabar un proyecto de reforma electoral de amplio alcance democrático.
La presión ciudadana en ambos casos, puso en cuestionamiento a los
partidos políticos oligárquicos, con excepción de la pequeña coalición
que apoya a Lugo y un partido libero-cristiano. Ávidos de una revancha
política ante un escenario que favorecía la imagen de Lugo, los partidos
tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, buscaban
cualquier pretexto para debilitarlo o destituirlo.
Fue así que
un enfrentamiento armado en el noreste del país, en un operativo en el
que la policía trataba de desalojar campesinos de las tierras de un
político fraudulento de la era stronista, desencadena una indignación
nacional cuando pierden la vida seis policías y once campesinos sin
tierra. La ocasión fue perfecta para sembrar la confusión. El Partido
Colorado responsabiliza de los hechos a Lugo y promueve un juicio
político en su contra.
Un endeble apoyo
El éxito
del oportunismo político colorado, se basó en la exaltación de los
ánimos y la confusión resultante de los acontecimientos de Curuguaty. La
desigualdad de la tenencia de la tierra, causa de ese conflicto, fue la
espada de Damocles para el Presidente quien al no haber emprendido
acciones decididas para resolver el problema agrario favoreció la
tensión que lo secunda. Por otra parte, ante la desacertada decisión de
Lugo de confiar la seguridad interna del país al Partido Colorado, como
último respiro de ahogado para evitar el juicio político, lleva al fondo
su menosprecio al Partido Liberal, principal aliado político en el
Parlamento, valiéndole la ruptura y la vía libre a su destitución.
La
ruptura de la alianza entre la coalición “Frente Guasu” (Gran Frente)
base política del Presidente Lugo y el Partido Liberal, fue justificada
por éste como resultado del menosprecio que caracterizó la actitud del
Presidente hacia su aliado, lo que
motivó a los liberales a
apoyar el juicio político promovido por el Partido Colorado. Los
liberales, aprovecharon el contexto de tensión social y política para
tomar el control del Poder Ejecutivo, a menos de un año de elecciones
generales, con todo el beneficio que la disposición de recursos públicos
implica para el gobierno de turno en una campaña electoral.
Explicando el problema como efecto de una actitud caprichosa, la verdadera
razón
del distanciamiento del Partido Liberal del gobierno fue la oportunidad
de acaparar el control administrativo y financiero del Estado para
promover intereses sectarios y cambiar la orientación de la política
pública del gobierno, de marcado signo redistributivo
2.
Echar la culpa a una persona, es ocultar que la investidura
presidencial en verdad constituye un mandato social y traduce
institucionalmente la voluntad popular. Quedó desde un inicio claro que
el Partido Liberal no ganaba sin Lugo así como éste no llegaba a
Presidencia sin el Partido Liberal. Lo que quiere decir que la población
de afiliación liberal que votó a Fernando Lugo, era en su mayoría de la
extracción social a la que Lugo buscó reivindicar (el Partido Liberal
es un partido de base rural caudillista) y sobre la base de su
trayectoria y experiencia episcopal, lo acreditó como candidato que
traduciría aspiraciones en hechos concretos. Ningún candidato liberal lo
había logrado antes.
Por su parte, el Partido Colorado,
apuntaló el juicio político informado de que Lugo desoyó al Partido
Liberal en la crisis, terreno fértil para que éste reaccionara con
acompañar la pena política máxima. El Partido Colorado así consumó la
ruptura de la alianza entre el sector político del Presidente y el
Partido Liberal, principales fuerzas políticas que lo desplazaron del
poder después de 61 años. Por otra parte, un sector interno del Partido
Colorado, que responde al poderoso empresario Horacio Cartes, presionó
para acelerar el juicio político, evitando un pacto entre Fernando Lugo y
la Presidenta del Partido, Lilian Samaniego, que en los planes ingenuos
del Presidente apuntaba a dividir ese partido, ofreciendo al sector de
Samaniego la oportunidad de acceder a la burocracia y acumular
económicamente con vistas a las elecciones del 2013.
La débil
convocatoria de protesta contra el juicio político en proceso se debió a
que las bases sociales del gobierno aún estaban dispersas y no se
fortalecieron. Los campesinos se hallaban divididos entre su situación
vulnerable y un apoyo frágil a un gobierno que no avanzó en las
principales reivindicaciones, a saber la tierra y condiciones de
producción. Por su parte, la base política de Lugo, reunida en el Frente
Guasú y caracterizada por la fragmentación y la desorientación, no fue
capaz de aprovechar la inteligencia de Estado para prever los
acontecimientos de Curuguaty. El conocimiento (hasta de Vox Populi) de
que los campesinos estaban armados, no llevó al Ministro del Interior
Carlos Filizzola a prever las consecuencias de la tensión social y no
ponderó su impericia para resolver una situación tan delicada.
A
falta de abordaje estratégico y de tacto político, Filizzola confió en
el “buen devenir” de los acontecimientos. Sin admitir su incapacidad
ante el conflicto, no renunció con suficiente antelación para ceder su
cargo al aliado Partido Liberal y mandarlo al frente, para que ante la
posibilidad de un desenlace conflictivo, fuera el responsable de las
consecuencias. En tal escenario, el Partido Liberal para disimular sus
errores, no hubiera apoyado un juicio político y sostendría a Lugo. Pero
Filizzola renunció después, forzado por la amenaza del Congreso de
promover su destitución y la del Presidente.
Consumada la
tragedia, el Presidente con su hipótesis obtusa de dividir al Partido
Colorado, cedió el lugar a su más acérrimo adversario y puso la
seguridad interna del país en manos del sector político más conservador.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron días después, en
manifestaciones públicas, que el nombramiento del ex–Fiscal General del
Estado –reconocido conculcador de derechos y de garantías a los
movimientos sociales– era un desacierto político que implicaba un
retroceso institucional.
Una cosa es la inexperiencia y de ello
nadie puede declararse culpable. La entrada de la izquierda al gobierno
en el 2008, abrió un camino de aciertos y errores sobre los cuales se
pudo aprender así como fortalecer un proyecto de cambio. Pero sí es
responsabilidad política la falta de análisis sobre las relaciones de
fuerza al interior de la alianza de gobierno, en el Congreso y en la
sociedad.
La izquierda y sus diferentes exponentes no apostaron
por un proyecto político consistente sino que, sobre las apetencias
personales, buscó sacar rédito de su presencia en la burocracia. La
búsqueda afanosa de acceder a cargos públicos cegó una estrategia
política de fortalecimiento de las bases sociales y la construcción de
una agenda común para defender las políticas de redistribución e
inclusión social para que perduraran en el tiempo.
Con un
Partido Liberal conservador en el propio campo, la ingenua y arrogante
actitud de desprecio por parte de la izquierda hacia su aliado, le costó
su caída del gobierno y el probable debilitamiento de la política
social. El acercamiento táctico y la discusión constante, hubieran
asegurado tener de su lado al PLRA y blindarse del previsible ataque del
Partido Colorado, que ha hostigado al gobierno desde un principio.
Suponiendo que con algunas carteras de Estado cedidas a los liberales
bastaría para contenerlos en su afán golpista, la izquierda no tomó con
seriedad y responsabilidad el proceso que comprometió su permanencia en
el poder.
Ante el juicio político, el Presidente no pudo
defenderse. O mejor, no le dejaron defenderse. Apenas pudo presentar
alegatos contra una acusación sin causas y asumir con dignidad la
arbitrariedad de un proceso viciado. En la mañana del juicio sus jueces
en el Senado han anunciado de antemano la condena, redactada en el orden
del día. Previamente, lo han venido anunciando veinticuatro veces en el
transcurso de los cuatro años de su mandato. La Corte Suprema de
Justicia, que apenas poco tiempo atrás se salvaba de una remoción que
promoviera el Congreso, no fue un árbitro ecuánime ante la acción de
inconstitucionalidad planteada por los abogados de Lugo. Dar curso a la
misma hubiera significado firmar la apertura de un proceso en su contra y
su sucesiva remoción.
El no respeto del debido proceso y de las
garantías constitucionales del Presidente depuesto, se avizoró como una
estrategia para aislar económica y políticamente al gobierno sucesor de
Federico Franco. El Partido Colorado calculó y ejecutó no solamente la
ruptura de la alianza formal entre el Partido Liberal y la coalición
socialdemócrata, sino también una crisis en las relaciones
internacionales para el gobierno de facto. ¿O acaso dejaría la ANR a su
centenario rival político todas las condiciones para un buen desempeño
gubernamental y que cuente con la aprobación generalizada? Desplazada la
socialdemocracia, la puja interna en la oligarquía conservadora tomaría
su curso normal.
Causas y efectos de un golpe institucional
La irregularidad
Los sucesos recientes en torno al conflicto agrario, tanto en el caso
de las tierras mal habidas de Ñacunday como en las de Curuguaty,
desnudan la desidia de los sucesivos gobiernos de la transición
democrática para conservar las bases de la estructura agraria basada en
la extrema desigualdad de la distribución de la tierra. El otorgamiento
del dictador Stroessner de grandes extensiones de tierra a sus leales,
durante cuatro décadas, no fue revisado en los años de la transición,
manteniendo el problema del carácter espurio de incontables propiedades
rurales así como la superposición de títulos falsos como resultado de
negocios turbios en el Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La situación
actual de caos en el registro y catastro de la propiedad rural es su
consecuencia más palpable.
Los vicios y delitos relacionados, no
solamente con las formas prebendarias de adjudicación de títulos, sino
con la complicidad de la justicia y de los adjudicatarios, indican que
la estructura agraria adolece de serios cuestionamientos de legalidad.
Este vicio de origen se conjugó con la facilidad en la cesión de
propiedades a productores extranjeros de soja, sin el respeto de las
normativas de prohibición de venta de tierras a colonos extranjeros en
la franja de cincuenta kilómetros de la frontera. Asimismo, en los años
de la transición se intensificaron la compra y venta de
derecheras
de las tierras de campesinos pobres, afectados por la degradación de
sus suelos, por la contaminación de los cauces hídricos y por la
vulnerabilidad de sus hogares ante el uso intensivo de los productores
sojeros de agrotóxicos. Hay que sumar el beneficio que recibieron los
grupos agro-empresariales en el fácil acceso a las tierras, el apoyo
técnico y crediticio así como los incentivos fiscales para la
exportación de materias primas sin industrialización.
Los
productores sojeros pueden conseguir escrituras públicas de compromisos
de transferencia de propiedad o de transferencia de derechos de
ocupación de parcelas como si fueran títulos legales. La compra de estas
tierras por esos actores viola normativas adicionales como la
residencia obligatoria en la finca, la ciudadanía paraguaya y el haber
restrictivo de una sola parcela
3 .
Otra forma irregular de la propiedad son las tierras de origen público
que fueron transferidas a particulares y cuyas dimensiones son mayores a
las permitidas por la Ley. Esto las convierte en tierras mal habidas ya
que las adjudicaciones de tierra en el marco de la reforma agraria se
realizan a una población beneficiaria, definida exclusivamente como
campesinos que no tienen tierra o la tienen en cantidad insuficiente,
estableciéndose en la Ley un tamaño máximo de las fincas
4
. La venta a personas no beneficiarias de esa Ley, tanto de fincas no
destinadas a la reforma agraria como de fincas de dimensiones mayores a
las establecidas, adolece de nulidad. Este es precisamente el caso del
inmueble en litigio en las inmediaciones de Curuguaty
5 .
Una última forma viciada de titulación y formalización consiste en la
falsificación de títulos, cuando de forma intencionada se produce un
título inventado, sin base jurídica. La falsificación de los títulos
originales, que en los años de la transición democrática se han
agudizado, responde a la generación de derechos espurios para diferentes
beneficios
6 .
La desigualdad de la tenencia de la tierra en Paraguay se ampara en un
modelo de acumulación basado en la ilegalidad. La modalidad en que
grandes grupos de propietarios se enriquecieron durante la dictadura
stronista como en los años de la denominada “transición democrática”,
conservó exactamente el mismo régimen de propiedad (feudal) que se
sucedió a la Guerra de la Triple Alianza.
La concentración
Las características semifeudales de la estructura de la propiedad de la
tierra en Paraguay se reflejan en los principales indicadores proveídos
por el Censo Agropecuario Nacional del año 2008. Su comparación con la
información relevada en el censo previo, del año 1991, nos ayuda a
comprender las razones del conflicto social en torno a la tierra.
En el periodo 1991-2008 hubo una disminución de las superficies menores
a 100 hectáreas, que es donde se concentra la economía campesina. Al
mismo tiempo el número de fincas de entre 100 y menos de 500 has. se
incrementaron en una tasa de 34,8% y en una tasa de 56% las fincas de
500 hectáreas y más. De un total de 289.666 fincas, 7.478 fincas, que
corresponden a las de 500 has. y más, concentran 27.807.215 hectáreas
(2,6% del total de fincas con 85,5% del total de la superficie agrícola del país, o sea 8.438.002 hectáreas más que en 1991), lo que significa que se apropiaron del 96,9% de las nuevas tierras habilitadas (8.709.338 has.).
Respecto de los grupos campesinos, entre 1991 y 2008 se incrementa
levemente las fincas de menos de 5 hectáreas, como efecto de la
pulverización de minifundios pequeños, disminuyendo también la
superficie explotada de los diferentes tipos de fincas ubicados entre 5 a
100 hectáreas. Por su parte, se duplica la dimensión de fincas
explotadas entre 100 a 500 hectáreas (soja) y de 500 hectáreas y más
(soja y ganadería).
Como ha sido la constante durante la
dictadura y durante la transición, la transferencia de tierras favoreció
a los latifundistas ganaderos y a los empresarios desfavoreciendo a los
campesinos, dificultando insertar a éstos en el mercado nacional aún
cuando sea de manera económicamente dependiente. Con este proceso se
debilitó el modelo de dominación clientelista y de cooptación política,
iniciándose una abierta persecución y expulsión de los productores
minifundistas. El régimen “democrático” no se distinguió respecto de la
política agraria stronista, ya que no variaron las desigualdades en la
estructura agraria ni la exclusión social de los sectores campesinos.
La pronunciada desigualdad entre dos sectores rurales con dos sistemas
productivos distintos, contribuyó a sostener en los hechos un modelo
económico que favorece a una minoría privilegiada, ante lo cual el
Estado ha sido históricamente complaciente, sin capacidad ni voluntad de
inclinar la balanza hacia una sociedad más equitativa. Los gobiernos de
la transición, incluido el de Fernando Lugo, no hicieron nada por tocar
la base jurídico-legal de la estructura agraria. Ante una sociedad
paraguaya enormemente benévola con los grupos agro-exportadores, que se
benefician de enormes ingresos y de una contribución irrisoria al fisco,
el Estado no implementó un sistema impositivo que favoreciera a la
mayoría de la población rural el acceso a la propiedad y des-incentive
la concentración de la tierra en manos de una minoría terrateniente.
En suma, en un país en que la actividad agropecuaria representa la
principal generadora de riqueza, la desigualdad de la distribución de la
tierra se constituye en el fundamento de la desigualdad social.
El desgaste
Un punto clave para comprender las condiciones sociales e
institucionales de la destitución de Lugo es que su gobierno no
emprendió una acción clara y decidida para resolver el problema agrario.
En efecto, decidió la intervención de la entidad responsable de la
política de tierras, el INDERT, recién en el cuarto año de mandato, ante
la presión de un conflicto agrario que se le iba fuera de control y a
contramano del apoyo social y político que se hallaba en su nivel más
bajo
7 .
La clase terrateniente, beneficiaria de la irregularidad en la tenencia
de la tierra y responsable de la anarquía en el ordenamiento jurídico
agrario, promovió sistemáticamente el enmascaramiento del orden jurídico
imperante y acusó a las investigaciones sobre la legalidad de las
propiedades, como violadoras de derechos y carentes de legitimidad. El
Poder Judicial, por su parte, desestimó las denuncias y los pedidos de
investigación, demarcaciones y restitución de tierras de origen espurio
al patrimonio fiscal.
De todos los gobiernos de la transición,
el gobierno de Fernando Lugo es el que menos reprimió ocupaciones
campesinas y es el periodo durante el cual se registraron menos
invasiones de tierra. El acuerdo entre el gobierno y los campesinos,
sobre la base de compra de tierras a condición de disminuir amenazas de
ocupaciones, fue visto por la oligarquía como una artimaña clientelista y
duramente atacado. De cara a cada ocupación, tomada de manera aislada y
manipulada tendenciosamente por la prensa
8
, la oligarquía exigió lo que siempre caracterizó a los gobiernos
anteriores: la represión y la violencia inmediata. La salida
institucional a estos conflictos, que el gobierno de Lugo planteó desde
un inicio, buscó establecer garantías a todas las partes involucradas.
Pero salidas institucionales
sin resolver el problema estructural , lo llevó al atolladero.
La oligarquía, al no apoyar en el Parlamento las leyes de reforma
agraria, insistió en culpar a los campesinos por la “afrenta a la
propiedad privada” y al gobierno por “agitador social”. A la clase
dominante paraguaya, nucleada en los dos partidos tradicionales, no le
vino
ex nihilo tomar una posición unitaria a los efectos del
Juicio político. Ante la amenaza a sus privilegios tradicionales, los
partidos presentes en el Parlamento y que pertenecen a la clase
propietaria, defendieron sus privilegios como clase y no como partidos.
Con el uso de armas por parte de los campesinos contra la fuerza
pública durante el desalojo de “Campos Morombi”, el 15 de junio pasado,
se llegó al punto límite de la tolerancia oligárquica a una
institucionalidad endeble. El ataque de los labriegos a los efectivos
del Estado, detentador del monopolio legítimo de la violencia física,
constituyó la principal afrenta a la clase propietaria, que ha
obstaculizado todas las reformas posibles para resolver el problema
agrario e hizo todo para minar el éxito de un gobierno cuya política de
inclusión social fue su emblema. Los hechos de Curuguaty sirvieron de
excusa perfecta para volver al estado de cosas previo al 20 de abril de
2008.
Lo que se jugó en el juicio político fue la reversión de
un tablero desfavorable para la oligarquía durante el gobierno de Lugo.
Atrincherada en el Congreso para la defensa de sus intereses, emprendió
el ataque contra el avance de la socialdemocracia en un país en el que
la notoria desigualdad lleva a mostrar la intervención del Estado y las
políticas redistributivas como una feroz amenaza.
El contexto externo
Una
premisa elemental en Derecho Internacional, cualquiera fuera el proceso
de integración entre los países, es la existencia de derechos y
obligaciones entre los Estados asociados. En los acuerdos
internacionales a partir de la segunda mitad de siglo XX, la democracia
se volvió objeto clave de compromisos y responsabilidades, ya que
permite evitar la violación de derechos universales al interior de los
países miembros (v.gr. los Derechos Humanos) así como prevenir el
acaparamiento de recursos y oportunidades por élites gobernantes, que
por lo común se constituyen de facto e impiden que los beneficios de la
integración se distribuyan con los sectores desfavorecidos de la
población.
Paraguay como Estado miembro de varios bloques
regionales (entre los más importantes el MERCOSUR y el UNASUR) así como
signatario de varios Tratados y Acuerdos internacionales, refrendó las
cláusulas y protocolos que establecían la obligatoriedad del
cumplimiento de estos compromisos y responsabilidades para ser miembro
de pleno derecho. Con el juicio político irregular e ilegítimo del
Presidente Lugo, se violaron todos los acuerdos en cuestión al
constituir una afrenta a los derechos que todo Estado democrático debe
garantizar. Una sanción política a Paraguay por haber faltado a sus
compromisos y responsabilidades como Estado miembro de los bloques en
cuestión, es previsible.
Los países integrantes de MERCOSUR y
los países asociados expresaron públicamente su condena a la ruptura del
orden democrático ocurrido en Paraguay y suspendieron la participación
del nuevo gobierno en la Cumbre de Jefes de Estado de dicho Tratado, que
tendrá lugar en Mendoza, Argentina, el viernes 29 de junio
9
. Por su parte, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay
llamaron a sus embajadores para una consulta sobre el proceso de Juicio
político, mientras que Argentina, Ecuador y Venezuela ordenaron el
retiro de sus representantes diplomáticos.
No es en vano que los
países de la región desconfíen sobre el cambio de gobierno en Paraguay,
ya que el mismo Congreso en este país, que vetó la entrada de Venezuela
al MERCOSUR así como la ampliación del marco de integración regional,
es el que impulsó el juicio contra Lugo. Ante este escenario, el
presidente de facto, Federico Franco, se verá obligado a rever su
postura y acordar la normalización de las relaciones diplomáticas así
como el proceso de integración regional, admitiendo el ingreso de
Venezuela al bloque regional.
La difícil situación de Paraguay,
en este contexto, en que los países de MERCOSUR y UNASUR condicionan la
continuidad de Paraguay con el resarcimiento de la situación generada en
el golpe institucional, evidencia que la integración requiere
condiciones ratificadas por los Estados parte y que, si bien no
justifican afrentas contra la soberanía nacional, su incumplimiento es
pasible de sanciones en el relacionamiento externo.
En este
sentido, el panorama que se le presenta al gobierno de Federico Franco
en el contexto externo es crítico. Todo indica que es un resultado más
de la jugada calculada por el Partido Colorado para desgastar a su
tradicional adversario político en su corto gobierno. Los colorados, en
efecto, se beneficiaron históricamente del aislamiento del país y
capitalizará esta coyuntura en las relaciones externas, como un rédito
político ante al 2013.
Las paradojas del “juego” democrático
Si
el régimen democrático establece la relación entre los ciudadanos y el
Estado en un sistema representativo de gobierno, la delegación del poder
de las mayorías en sus representantes tiene la finalidad de que velen
por sus intereses y que aseguren su bienestar.
El dato de que
Paraguay es el país con más desigualdades de América latina interpela la
forma democrática del gobierno de esa República. A veintitrés años de
iniciado el proceso democrático, cuesta comprender porqué la población
paraguaya participa de un régimen político que la sume en la pobreza. O
la mayoría de los ciudadanos deciden democráticamente de permanecer en
la exclusión, o sea, ejercen hacia sí mismos una especie de masoquismo
político votando para desfavorecerse, o bien, la democracia es meramente
una fachada.
En esta disyuntiva, la ruptura del proceso social
bajo el gobierno de Lugo, es la muestra de que la naturaleza de la
democracia paraguaya es una institucionalidad formal adecuada a una
sociedad desigual. Esa institucionalidad, plasmada en la Constitución de
1992, refrendó la persistencia del autoritarismo en el Estado, con la
consecuente arbitrariedad, discrecionalidad, verticalismo, clientelismo y
patrimonialismo, propios de la era de Alfredo Stroessner. Las enormes
necesidades sociales insatisfechas durante más de dos décadas de
“democracia” son el terreno fértil para su continuidad.
Así, un
obstáculo para la democracia en Paraguay es la desigualdad. Los
acontecimientos de Curuguaty evidenciaron hasta qué punto ésta desgastó
el frágil orden institucional. El conflicto resultante de las acciones
contenciosas campesinas ante una situación insostenible de pobreza y de
ilegalidad en la tenencia de la tierra, constituye un punto de inflexión
y de regresión en el intento por institucionalizar las relaciones
políticas en Paraguay.
Tras el velo de un “orden legal” en la
destitución del Presidente Lugo, se esconde la rearticulación de un
proyecto político conservador y el retorno de sus paladines al frente
del Estado, quienes buscarán mantener una institucionalidad que atenúe
el conflicto social sin atacar sus causas. Con el juicio político se
reafirmó
la arbitrariedad como principio rector de las instituciones
republicanas, donde las reglas de juego en abstracto ocultan la
persistencia de la discrecionalidad y la prevalencia de la fuerza sobre
la razón.
La fragilidad de esas instituciones evidencia que las
reglas de juego no bastan para garantizar relaciones políticas justas y
equitativas. Ningún juego se desenvuelve solamente sobre la base de las
reglas. Se requieren además jugadores en condiciones igualitarias para
jugar y árbitros ecuánimes e imparciales. Y, sin duda, la posibilidad de
impugnar un resultado fraguado es uno de los principios esenciales de
ese juego que llamamos democracia.
Notas:
2
Mientras el Presidente enfatizó, desde el inicio de su gobierno el
fortalecimiento de planes sociales orientados a la inclusión social,
con aciertos y desaciertos, el PLRA apostó por mantener las relaciones
asimétricas de mercado favoreciendo, sobre esa base, la inversión
privada, de carácter nacional (agropecuario y comercial) o
transnacional. Un proyecto por el que apostó incansablemente y que
ahora podrá impulsar es la instalación de la empresa multinacional “Río
Tinto”, a la que ya se facilitaron fondos para estudios de
factibilidad (!) y a la que se propone el otorgamiento de subsidios en
energía por parte del Estado.
3
Fogel, Ramón; “Concentración de tierras: Títulos con vicios legales y
el Estado ausente”, Revista Acción, Nº 323, Abril de 2012, Pág. 5.
4 Ibidem , Pag. 6.
5
El INDERT inició una mensura judicial para determinar los límites y
superficie exacta del inmueble mal habido del empresario Blas N.
Riquelme -reconocido político stronista- denominado “Campos Morombi”
para recuperarlo porque era de patrimonio fiscal. El empresario
emprendió una demanda judicial solicitando la
usucapión de
dichas tierras, alegando que la utilizaba ininterrumpidamente desde
hace más de dos décadas. El juzgado, sin pedir informes a las entidades
competentes sobre la situación legal del inmueble y sobre sus
registros públicos, sentencia de forma sospechosamente expeditiva a
favor de Riquelme. Una asociación de campesinos, informados sobre esta
situación, decide ocupar las tierras, ante lo cual la fiscalía y el
juzgado locales, de manera irregular e ilegítima, promueven el
desalojo, ejecutado el 15 de junio y tras lo cual se suceden el trágico
enfrentamiento entre policías y campesinos.
6
La enorme dimensión de las tierras mal habidas hace difícil el
proceso de recuperación para el Estado puesto que los empresarios
rurales, detentándolas de forma irregular, traban las mensuras
judiciales y arguyen que con ellas se busca desestabilizar el orden
social.
7
El dictamen del interventor sobre la situación del sistema de
propiedad agrícola y de los registros de la tierra, no iba a tener
incidencia en el saneamiento y regularización de la tenencia en el
corto plazo, como ya lo mostró la lentitud y falta de voluntad del
gobierno en los años que precedieron. Pero sí podía sentar las bases
para una revisión de la estructura agraria siempre y cuando contara con
el suficiente apoyo social y político.
8
Ortiz, Arístides; “Discurso mediático y justificación de la
desigualdad social”, Revista Acción, Nº 323, Abril de 2012, Pág. 19-21.
9
En el caso del MERCOSUR, es cierto que dicho marco de integración
sirvió sobre todo a los intereses de las dos grandes potencias
regionales, Brasil y Argentina. La crisis en torno a la destitución del
Presidente Lugo es utilizada por ésta última para disimular los
obstáculos que sistemáticamente fue poniendo a Paraguay desde el inicio
de la unión aduanera, en especial con las trabajas para el ingreso de
productos manufacturados paraguayos al país vecino en el primer
semestre de 2012. Ante este hecho, Uruguay y Paraguay han iniciado un
proceso de integración complementaria con Bolivia, el acuerdo URUPABOL,
para fortalecer las economías de estos países ante sus poderosos
vecinos.
Luis Ortiz Sandoval es sociólogo
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